28-11-2014

Luxemburgo y los impuestos en la unión europea

 

Hace algunos días llegó a la opinión pública europea a través de las páginas de 40 diarios la investigación llamada Luxembourg Leaks o LuxLeaks, realizada por el Consorcio Nacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado reporteros de 26 países. Las 28.000 páginas de documentos demuestran fehacientemente que Luxemburgo, quiérase o no, es un paraíso fiscal. Más de 340 multinacionales y un número elevado de fondos de pensiones y de inversión se han refugiado en el Gran Ducado con la finalidad de reducir su factura fiscal y desde allí actuar e invertir en el resto de los países europeos.

 

El sistema es relativamente sencillo. La matriz o el fondo se domicilian en Luxemburgo y mediante operaciones vinculadas con sus filiales (la más simple es el préstamo) las vacían de beneficios trasladando todos ellos a la matriz, beneficios que, aunque se hayan obtenido en otros países, tributarán en el Gran Ducado o, mejor dicho, apenas se gravarán al haberse firmado previamente acuerdos específicos en los que el impuesto queda reducido al mínimo, en muchos casos por debajo del 1%.

 

Luxemburgo es un país curioso. Casi irrelevante, tanto en población como en extensión geográfica. Medio millón de habitantes y 2.568 km2, aproximadamente, la cuarta parte de la provincia de Soria. No obstante, posee la renta per cápita mayor del mundo. En el Gran Ducado apenas hay fábricas, sin embargo miles y miles de empresas se apiñan en varios edificios. En algunas plantas de oficinas llegan a estar domiciliadas más de quinientas compañías, muchas de ellas multinacionales, cuyos nombres a todos nos suenan y que LuxLeaks ha destapado en número de 340: Apple, Amazon, Ikea, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, Pepsi, JP Morgan, Deutsche Bank, Fiat, etc. Un solo empleado con un ordenador es toda la estructura que necesita cada una de ellas.

 

Sin duda, la riqueza de Luxemburgo está fundamentada en el dumping fiscal, y en el expolio al que somete a las finanzas públicas de otros países. Pero a pesar de su reducido tamaño y de que dado este comportamiento fiscal y financiero su pertenencia no parece que aporte mucho a la Unión Europea, goza de un puesto privilegiado en las estructuras comunitarias. Baste citar el caso de Juncker ocupando primero el cargo de presidente del Eurogrupo y actualmente de la Comisión. Durante todo este tiempo de crisis, el Gobierno del Luxemburgo se ha alineado con Merkel, entre los halcones, criticando cualquier política expansiva, bien sea fiscal o monetaria; y predicaba la austeridad mientras su hacienda pública se enriquecía a base de empobrecer a las otras.

 

La responsabilidad de Juncker es más que evidente. Durante su etapa como primer ministro y ministro de Hacienda fue cuando se ideó y se puso en marcha, con la colaboración de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), la ingeniería financiera que ha dado lugar al expolio y que se ha conocido gracias a LuxLeaks. Lo ahora descubierto cuestiona su papel en los últimos años como presidente del Eurogrupo, convertido en campeón de la austeridad y en látigo de las poblaciones del Sur sometidas a toda clase de penuria, pero sobre todo exige la dimisión inmediata del cargo que actualmente ocupa. ¿Cómo vamos a creer si no que la Comisión va a luchar contra los paraísos fiscales?

 

No obstante, no parece que se vaya a ir por esa dirección. Populares y socialistas europeos se han puesto de acuerdo para que la moción de censura no prospere. Ni siquiera existen garantías de que la situación en Luxemburgo vaya a corregirse. El actual primer ministro, Xabier Bettel, ha defendido los acuerdos fiscales asegurando que respetan las reglas nacionales e internacionales. Y aunque la situación parezca kafkiana, en cierta forma no le falta razón. La construcción europea se ha hecho comenzando por el tejado. Así se adoptó la libre circulación de capitales en el Acta Única y más tarde la Unión Monetaria en Maastricht, no ya solamente sin crear una fiscalidad común europea, que sería lo lógico, sino sin ni siquiera armonizar la de los países miembros, con lo que se ha generado una competición entre todos los sistemas fiscales destinada a atraer capital o, al menos, a que no se vaya el que ya existe.

 

Este fenómeno es perfectamente conocido desde 1989, año en el que entró en vigor la libre circulación de capitales. Nada se ha hecho para solucionarlo. El resultado es que todos los sistemas fiscales han ido evolucionando hacia planteamientos más injustos y regresivos. Se incrementa la imposición indirecta y se reduce la directa, que queda casi limitada a un gravamen sobre las rentas del trabajo, mientras que las rentas de capital y las de las grandes empresas apenas tributan.

 

En cierto modo cada país se convierte en un paraíso fiscal respecto al vecino. Bien es verdad que no todos con la misma intensidad. Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Austria, Chipre, aparecen a la cabeza y han bloqueado cualquier intento de armonización en el impuesto de sociedades. Pero la misma España, que está sufriendo gravemente la existencia de los paraísos fiscales (el 55% de la inversión extranjera que recibe lo hace desde centros 'offshore'), se convierte en una especie de paraíso fiscal -así lo califica Brasil- principalmente para los países latinoamericanos, al crear en 1995 las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE), un vehículo de inversión que, junto con el hecho de considerar fondo de comercio la diferencia entre el precio pagado y el valor estimado de mercado en la adquisición parcial o total de empresas extranjeras, ha concedido un régimen fiscal enormemente favorable a las multinacionales que invierten en el extranjero. Eso explica al menos en parte que en los años precedentes el tipo efectivo en el impuesto de sociedades de las grandes compañías haya sido en España el 3,8%, y ahora se sitúe en el 5,6%.

 

Aunque parezca increíble, la Comisión se encuentra inerme ante esta situación. Suponiendo que quisieran actuar, que es mucho suponer, a tenor de la fuerza que las multinacionales tienen en Bruselas y de las características de quienes ocupan la presidencia o los sillones de comisarios, lo cierto es que no cuentan con normativa en que apoyarse para corregir tales aberraciones. La Unión Europea carece por completo de armonización fiscal, al menos en impuestos directos. Cada país miembro es soberano para contar con el sistema tributario que considere conveniente. Claro que eso mismo les hace perder su soberanía, pues con la intención de atraer inversión todos intentarán establecer para el capital y para las sociedades unas condiciones fiscales más favorables que las del vecino.

 

En los pocos casos en los que la Comisión ha abierto expediente, Amazon y Fiat en Luxemburgo, Apple en Irlanda, Starbucks en Holanda, o por el fondo de comercio en España, ha tenido que acudir a la figura de las ayudas de Estado, equiparando los beneficios fiscales a subvenciones, y a que por tanto se ha quebrado la concurrencia, principio sacrosanto de la Unión Europea y el único que no se puede infringir. El caso más claro y más inmediato para nosotros es el expediente que la Comisión abrió al Reino de España por la consideración dada de fondo de comercio a la diferencia entre el precio pagado y el valor estimado de mercado en la adquisición parcial o total de empresas extranjeras, y por lo tanto amortizable y deducible en la base imponible del impuesto de sociedades. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dado la razón a España al considerar que cualquier sociedad se podía beneficiar de la medida y que por lo tanto no contradecía el libre juego de mercado, sin considerar en absoluto que pudiera ser un sistema que no solo dañaba profundamente la equidad fiscal de España sino que hacía una competencia desleal a otros Estados.

 

La normativa comunitaria se muestra indiferente a que los distintos Estados miembros, en una lucha recíproca para atraer recursos financieros, se desarmen fiscalmente frente al capital y a las grandes sociedades y a la falta de equidad que se puede instalar de forma generalizada en los sistemas fiscales; lo único que prohíbe son aquellos procedimientos o instrumentos como las llamadas ayudas de Estado que pueden distorsionar el mercado único.

 

Lo descubierto por ICIJ en Luxemburgo ha escandalizado a las sociedades de todos los países y les ha mostrado sin lugar a dudas la enorme injusticia que reina en la fiscalidad europea. Pero también es evidente que los mandatarios europeos, aparte de declaraciones de protesta más o menos enérgicas, no piensan hacer absolutamente nada y que la armonización fiscal se contempla como una utopía imposible de conseguir. Europa aparece como un grave impedimento para que los Estados apliquen una política fiscal progresiva. No cabe engañarse, los cambios en ámbitos nacionales tienen sus límites mientras se permanezca en la UE o esta no sufra una transformación total, lo que no parece muy factible.