27-12-2013

2013, quinto año de crisis

 

La vida personal y la social son continuas, al igual que la actividad económica. Carece por tanto de toda lógica trocearlas, pero el hombre no puede concebir el tiempo sin distribuirlo en periodos más o menos convencionales. De ahí el calendario; de ahí la salida y entrada de los años; de ahí que las empresas presenten resultados por ejercicios económicos y la costumbre de que al terminar un año se pretenda hacer balance de lo sucedido, como si se pudiese aislar de los acontecimientos anteriores y posteriores.

 

En materia económica, el año 2013 poco se diferencia de los precedentes: recesión (el PIB se reducirá como mínimo un 1,3%, casi igual que en 2012); más despidos y más paro, bajada de salarios, recortes en los servicios públicos y en las prestaciones sociales, privatizaciones; una Unión Europea que apenas cambia, en la que se sigue repitiendo que se ha hecho mucho pero que hay que continuar en la misma dirección; más leña; poco o nada nuevo bajo el sol.

 

No obstante, cabe señalar algunas novedades que se han presentado este año. La primera es que en los últimos meses el Gobierno y sus adláteres están empeñados en convencernos de que ha comenzado la recuperación. Se basan principalmente en que el PIB ha abandonado su trayectoria decreciente y en el tercer trimestre se ha incrementado en un 0,1%; 0,1 que muy bien podía ser el -0,1% porque, tratándose de estadísticas y provisionales, es difícil llegar a tal precisión. Pero aceptando que en los próximos trimestres se produzcan tasas positivas estas serán tan bajas que desde luego no crearán puestos de trabajo, a no ser a base de repartir los existentes mediante empleos parciales, los famosos minijobs, paro encubierto y, es más, nadie garantiza que no se produzca de nuevo un cambio de tendencia. Tras las tasas negativas del 3,8 en 2009 y del 0,2% en 2010, el PIB creció un 0,1% en 2011, para retornar a caer en 2012 un 1,6%. ¿Quién nos asegura que la historia no se repetirá?

 

No hay ningún dato que certifique que una recuperación consistente y sostenida sea posible. Solo el sector exterior presenta una tendencia positiva, pero paradójicamente condicionada a que la economía no crezca, para que las importaciones no desborden a las exportaciones. Fundamentar el crecimiento únicamente en el sector exterior además de arriesgado es inútil, tanto más cuanto que la apreciación del euro compensa con creces toda posible mejora adquirida en la competitividad a través de la bajada de salarios y de los recortes presupuestarios, y que Alemania continúa empeñada en mantener un superávit del 6% en su balanza de pagos.

 

Ningún otro factor apunta a una recuperación sólida. El consumo privado sigue colapsado como resultado del paro, de la reducción de los salarios y de la deuda contraída por los hogares en los años anteriores; incluso la reciente aprobación de la ley de la reforma del sistema público de pensiones contribuye a que los ciudadanos se retraigan en el gasto. A su vez, el consumo público se encuentra en su nivel más bajo y todo indica que, como mucho, se mantendrá o, lo que es más probable, que se reduzca debido a la política de ajustes que el Gobierno continuará aplicando en su lucha sin fin contra el déficit. Nada se puede esperar de la inversión pública y resulta difícil pensar que la privada pueda reanimarse estimulada únicamente, si acaso, por el sector exterior, y en ausencia de crédito. A pesar del optimismo que intenta infundir el Gobierno, la probabilidad de que el lastre del euro vaya a impedir la recuperación es muy alta.

 

La segunda novedad, si se puede llamar así, es que al fin los españoles se han enterado de que las alegrías del sector financiero les van a costar muchos miles de millones de euros. Hasta ahora se nos había dicho que las aportaciones a la banca eran puros préstamos o inversiones que se recuperarían más tarde. Las operaciones realizadas hasta el momento indican claramente lo contrario. Las entidades saneadas con dinero público retornan al sector privado, sin que se recobre el dinero invertido. La prueba más clara de que la cantidad de recursos aportados por el erario público a través del FROB va a ser a fondo perdido es que Eurostat ha obligado a computarlo como déficit y a incluirlo dentro del monto de la deuda pública, con lo que esta ha llegado a alcanzar un nivel muy preocupante y jamás conocido por la hacienda pública española, cercano al 100% del PIB.

 

La tercera novedad a resaltar, y a la que quizá no se le ha concedido la trascendencia adecuada, ha sido la aprobación de la reforma del sistema público de pensiones, verdadero golpe mortal contra el Estado social y que amenaza con dejar en el futuro en la pobreza y en la miseria a una parte muy importante de la población. La sociedad no ha tomado conciencia de lo que representan los cambios introducidos y tampoco de que las pensiones, a niveles ya muy bajos, van a perder año tras año poder adquisitivo. Sin duda va a ser un duro golpe para los actuales pensionistas, pero también y quizá en mayor medida para los futuros. El Gobierno se ha propuesto sanear las finanzas públicas y hacer frente al enorme endeudamiento, haciendo recaer su coste sobre la parte más vulnerable de la sociedad, los jubilados.

 

La reacción de la oposición ha sido más tibia de lo que cabía esperar. Al PSOE, tan proclive a declarar respecto a determinadas leyes que las cambiará en cuanto llegue al poder, no se le ha oído comprometerse a modificar esta. Surge la sospecha de que, presa de los presupuestos del Pacto de Toledo y de la creencia de que las pensiones solo se pueden financiar con las cotizaciones sociales, no le disgusta en exceso la reforma y de que en cierto modo se alegra de que el actual Gobierno haya hecho el trabajo sucio.