27-06-2014

La desigualdad y la reforma fiscal

 

Al mismo tiempo que el Gobierno aprueba su reforma fiscal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado su informe sobre la desigualdad, en el que aparece de forma clara una vez más que, entre las naciones avanzadas, es España (junto con Grecia) el país en el que más se ha incrementado la desigualdad como consecuencia de la crisis. Es decir, que el coste de esta ha incidido en mucha mayor medida sobre las clases bajas que sobre las altas.

 

Según el citado informe, la renta anual per cápita del 10% más pobre de la población española pasó de 4.664 euros en 2007 a 2.685 en 2011; sufrió así un descenso del 42,4%. Mientras tanto, en el 10% más rico, la renta per cápita pasaba de 39.204 a 36.985 euros, tan solo un 5,6% menos. Sería muy ilustrativo conocer la evolución de los ingresos del 1% de la población de mayor renta, respecto al que casi seguro tendríamos que hablar de incrementos, y no digamos de ese 0,1%, datos que casi nunca ofrecen las estadísticas.

 

Podemos también suponer que, a juzgar por cómo están evolucionando los salarios, la tendencia habrá sido la misma e incluso más acusada en los años 2012, 2013 y lo que va de 2014. Pero para que la fiesta no decaiga el Gobierno nos prepara una bonita reforma fiscal que va a significar una vez más mucho dinero para las clases altas y calderilla para las bajas, calderilla que más tarde acabarán pagando con incrementos de impuestos indirectos, tasas o reducción de prestaciones y servicios públicos.

 

Lo primero que hay que plantearse es si nos podemos permitir esta rebaja fiscal. Hay un tópico frecuente en los creadores de opinión (esos que se consideran clase media, pero que se encuentran entre el 10% de mayor renta cuando no en el 1%), repiten con insistencia que debemos preguntarnos qué economía del bienestar nos podemos permitir. Pues bien, cuando hay un número muy elevado de parados que no cobran el seguro de desempleo; cuando todos los jubilados presentes y futuros -es decir, la casi totalidad de los trabajadores, puesto que antes o después todos van a ser pensionistas- han sufrido uno de los mayores expolios de su existencia al condenarles a que sus ingresos vayan progresivamente perdiendo poder adquisitivo; cuando la sanidad y la educación se deterioran y se incrementa el copago; cuando desaparecen las ayudas para la dependencia; cuando disminuyen las becas y se imponen tasas para recurrir a los tribunales; cuando en los últimos años a los empleados públicos, la mayoría de ellos con ingresos muy bajos, se les ha recortado el sueldo en términos reales más de un 30%; cuando nuestra presión fiscal es una de las más reducidas de Europa, incluso por debajo de países con menor renta que el nuestro, ¿la pregunta no debería ser más bien si nos podemos permitir esta reforma fiscal?

 

En estas circunstancias, no parece que debamos permitirnos (no resultaría ni muy lógico ni muy ético) reducir la tributación de las rentas de capital (para disimular la llaman “imposición sobre el ahorro”), ni la del impuesto de sociedades, ni sobre todo reducir en un 8% el gravamen en el impuesto sobre la renta de los que ganan anualmente más de 120.000 euros, o en un 13,5% a los de más de 300.000 euros. Con esta reforma, por ejemplo, el Gobierno se permite gratificar con aproximadamente 12.000 euros anuales a aquellos que ingresan un millón de euros al año.

 

Con esto de las elecciones europeas alguna formación política llevaba entre sus propuestas la de establecer un salario máximo, lo que ha ocasionado que más de uno se rasgase las vestiduras. Pero lo cierto es que en política y en economía casi todo está inventado y lo único que se precisa es aplicarlo. Hace muchos años las democracias occidentales, aquellas que además de definirse como Estado social intentaban serlo, habían hallado una manera de imponer un límite máximo no solo a los sueldos o a los salarios sino a la renta global de una persona: la tarifa progresiva del impuesto sobre la renta. Recordemos que en EE. UU. y en Gran Bretaña, países nada sospechosos de tener regímenes comunistas, antes de Reagan y Thatcher tenían un tipo marginal máximo del 80 al 90%. A partir de un cierto límite, los ingresos adicionales que se conseguían iban casi en su totalidad a engrosar las arcas de la hacienda pública. Por referirnos a España, no está de más recordar también que el Gobierno de Suárez (es difícil tildar a sus miembros de comunistas), al crear el IRPF estableció una tarifa de 36 tramos y un tipo marginal del 65%.

 

Lo de establecer un número elevado de tramos no es ningún capricho de los técnicos tributarios, sino la manera de que la progresividad se distribuya adecuadamente y no se creen situaciones injustas y absurdas, tal como ocurre con la modificación de la tarifa que se propone en esta reforma fiscal.

 

Hace tiempo -quizá por la intromisión en el Ministerio de Hacienda de profesores de universidad o de técnicos comerciales- que los cambios que se introducen en nuestro sistema tributario no solo son en buena medida injustos, sino también chapuceros, carentes de la mínima técnica fiscal. Es posible encontrarse actualmente con uno de los pecados inadmisibles en técnica tributaria y que siempre se debe evitar, el del error de salto, es decir, la posibilidad de que por ganar un euro más se tenga que tributar a la hacienda pública con dos o más euros. Por poner un ejemplo, ejemplo real: en el año n una contribuyente con su madre incapacitada, octogenaria y ciega, y con una pensión de 7.990 euros anuales, pudo deducirse más de 10.000 euros. Pero he aquí que, debido a la actualización de la inflación, la pensión en el año n+1 superó en unos pocos euros los 8.000 de límite y la contribuyente perdió el derecho a la deducción. Es decir, suponiendo un tipo marginal del 30%, debió contribuir a la hacienda pública con unos 3.000 euros más.

 

La tarifa que el Gobierno propone, además de injusta, está llena de incoherencias, y las rebajas en los tipos marginales de los distintos tramos son arbitrarias y carentes de cualquier supuesta lógica. El Gobierno pregona que la mayor rebaja (4,75 puntos) se produce en el primer tramo en el que la base imponible va de cero a 12.450 euros; lo que no dice es que en este tramo las disminuciones del tipo son casi inoperantes pues las distintas deducciones originan que la mayoría de los contribuyentes incluidos en él apenas tengan que tributar. Por el contrario, la rebaja es tan solo de 0,75 puntos en el tramo de 12.450 a 17.017 euros. Entre 17.017 y 20.200 es de 6 puntos y, sin embargo, de cero puntos entre 20.200 y 33.007 (incluso sube un punto en 2015). En fin, un caos, lo único cierto -y parece ser la verdadera finalidad de la reforma- es que a partir de una base imponible de 120.000 euros la rebaja es sustancial, de 4 puntos; de 6 puntos a partir de 175.000 euros y de 8 a partir de 300.000. La desigualdad continuará creciendo.