24-10-2014

Publicar la cantidad con la que cada uno contribuye

 

Desde hace al menos dos años el ministro de Hacienda viene amenazando con la publicación de la lista de los deudores al fisco, y digo amenazando porque la finalidad de la propuesta no resulta clara. Según se dice, afectará a deudas superiores a un millón de euros y siempre que no hubiesen obtenido aplazamiento o suspensión de los pagos, con lo que o bien su deuda se debe a que son insolventes o bien a la incompetencia del departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, en cuyo caso la medida no parece gozar de demasiada utilidad, a no ser que se pretenda poner en la picota, y de ahí lo de amenaza, a determinados organismos tales como partidos, sindicatos, medios de comunicación, etc., cuyo embargo, por motivos políticos, no resultase fácil para Hacienda. Una medida mordaza. Su objetivo: realizar una suerte de chantaje de cara a acallar cualquier voz crítica con la actuación del Gobierno en materia tributaria, porque lo cierto es que la norma se ha ido posponiendo con la excusa de que había que esperar a la reforma fiscal, pero esta ha entrado finalmente en las Cortes cercenada de la modificación de la Ley General Tributaria, en la que debía insertarse la disposición señalada.

 

Mucho más sentido posee la iniciativa planteada por los inspectores fiscales en su XXIV Congreso proponiendo que se publique la relación de lo que cada ciudadano aporta a la hacienda pública por el impuesto sobre la renta. Sería sumamente ilustrativo y efectivo. En muchos casos, el escándalo sería tan grande que serviría de freno a la tentación de defraudar. Es una medida que se viene aplicando con éxito en otros países, como Suecia. Alguien apuntó en el Congreso que España no está preparada para iniciativas como esta. Lo curioso es que sí parece que lo estaba hace varias décadas, cuando se aprobó el impuesto, ya que la norma llegó a estar en vigor durante unos años. Muy pocos, ciertamente, porque enseguida surgieron voces piadosas que alegaron lo peligrosa que era y, escudándose en el terrorismo etarra, lograron derogarla. En los momentos actuales, ETA no está operativa, sin embargo, dudo mucho de que ningún gobierno tenga la valentía de llevar a cabo la propuesta. Y es que cuando se pregona la voluntad de luchar contra el fraude fiscal habría que afirmar que sí pero menos… Hay muchos intereses en juego.

 

La medida, por otra parte, no debería limitarse al IRPF, sería también muy interesante conocer las declaraciones del impuesto de sociedades de todas las empresas y saber el tipo efectivo que paga cada una de ellas. Los distintos gobiernos han venido reduciendo el tipo nominal del impuesto (actualmente del 30%, que pasará a ser del 25% cuando entre en vigor la reforma fiscal en marcha), pero lo más grave es que, a base de deducciones, exenciones y desgravaciones, han dejado convertida esta figura tributaria en un queso gruyere, lleno de agujeros, de manera que el tipo efectivo (el que verdaderamente paga cada compañía) se ha alejado totalmente del nominal. En los años 2011, 2012 y 2013, el tipo efectivo medio de todas las sociedades ha sido del 9,1%, del 10,2% y del 12,4%, respectivamente. La situación es mucho más escandalosa si nos referimos a las grandes empresas, aquellas que tributan por grupos consolidados, todas las del IBEX, cuyos tipos ascienden respectivamente para estos mismos años tan solo al 3,8%, 5,3%, alrededor del 9%.

 

Todos estos datos fueron facilitados en el Congreso de los diputados por el ministro Montoro con la finalidad de mostrar cómo el Gobierno del PP había mejorado la gestión tributaria. Ciertamente, los periodos de Pedro Solbes y de Elena Salgado al frente de la Hacienda Pública han sido nefastos (se explica cuando pensaban sentarse en los consejos de administración de grandes corporaciones), pero por eso mismo no parece que pueda constituir ningún timbre de gloria el mejorar discretamente los pésimos resultados alcanzados en la etapa anterior.

 

El actual ministro de Hacienda también tiene vergüenzas que ocultar. La Comisión Europea acaba de cerrar un expediente en el que exige que Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Abertis, AXA, etc., devuelvan a la hacienda pública, enormes cantidades de dinero por considerar ayudas de Estado ilegales las deducciones fiscales que se habían aplicado de acuerdo con una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos aprobada en marzo de 2012, al poco tiempo de ganar el PP las elecciones.

 

La historia viene de lejos. En 2002, cuando Montoro era ministro de Hacienda, se aprobó una norma que concedía la posibilidad de considerar fondo de comercio (y por lo tanto amortizable y deducible en la base del impuesto de sociedades) la diferencia entre el precio pagado y el valor estimado de mercado en la adquisición parcial o total de empresas extranjeras. El régimen era, al parecer, tan favorable y discriminatorio para las sociedades de otra nacionalidad que la Comisión lo calificó de ayuda de Estado, y lo prohibió en 2009, dictaminando que el beneficio recibido debería ser devuelto al Fisco. No obstante, y debido a las presiones del Gobierno de Zapatero en favor de las empresas pero en contra de la hacienda pública, la Comisión aceptó que el retorno se aplicase solo desde 2007, fecha en la que había comenzado a gestarse el expediente comunitario, por lo que las cantidades que tuvieron que devolver fueron insignificantes, ya que la mayoría de las operaciones se habían realizado entre 2002 y 2007.

 

Pero es precisamente este resquicio, llamémoslo de gracia, el que ha intentado aprovechar en 2012 la consulta vinculante emitida por Hacienda, al adoptar una interpretación laxa de la antigua norma y conceder carácter retroactivo a las compras indirectas, de manera que algunas empresas pudieran aprovecharse de operaciones realizadas con anterioridad a 2007. No es de extrañar que la Comisión Europea haya vuelto a considerar ilegal la norma y exija la devolución de las ayudas.

 

Todo lo anterior no se compagina excesivamente bien con esa voluntad manifestada actualmente por el Ministerio de elevar la tributación real de las grandes compañías, al igual que tampoco es muy coherente este objetivo con la medida que se quiere implantar en la próxima reforma de eximir de tributación los dividendos y las plusvalías procedentes de la participación en filiales por encima del 5% y 20 millones de euros. La confirmación de que la finalidad que se persigue es la contraria se encuentra en el hecho de que la reforma del impuesto de sociedades proyectada lejos de incrementar la recaudación la va a reducir en 3.000 millones de euros.

 

Esta estrategia de reducción impositiva contrasta con la posición que ocupa nuestro país en presión fiscal, por debajo de países como Portugal y Grecia y seis o siete puntos inferior a la media de la UE, y hace que suene a escarnio el discurso de la carencia de dinero para pensiones, seguro de desempleo, sanidad y educación. Por eso sería tan ilustrativo y conveniente que se publicase la relación de las cantidades con las que cada uno contribuye al fisco, comenzando por las empresas del IBEX y continuando por las grandes fortunas.