23-10-2015

El problema está en España, no en Cataluña

 

Anda el patio político un poco agitado. Tal vez sea por la proximidad de las elecciones, aunque lo más probable es que todas las formaciones políticas hayan perdido el norte hace tiempo. Pedro Sánchez, perseverante en emular a Zapatero en su capacidad de alumbrar ocurrencias, no deja de sorprendernos. Se ha pasado media legislatura asegurando que, si gana las elecciones, derogará la reforma laboral y ahora, incluso sin haber llegado al gobierno, nos desconcierta afirmando que no piensa modificar la indemnización por despido. ¿Qué piensa cambiar entonces? Poco después sorprende a toda su militancia, y arma un guirigay en el partido, dando un puesto preeminente y de salida en las listas de Madrid a una tránsfuga de otra formación política en estado de disolución. Eso es lo que ocurre con las primarias, que el mando se transforma en cesarista y el elegido cree que puede hacer lo que le venga en gana.

 

El Partido Popular no se encuentra en mejor situación. Aznar, engreído y creyéndose aún el líder de su partido, sale de vez en cuando a dar lecciones y lanza alguna que otra puya a la dirección actual, y otros como Montoro, en cuanto le ponen delante una alcachofa la lía y arremete contra todos. Muchas de sus afirmaciones causan estupor, como la referente a que Aznar se dedica a los “business”, lo que no parece muy lógico viniendo de quien viene.

 

Aznar, ante las críticas recibidas y dispuesto a no callarse, escribió el pasado día 16 un artículo en El Mundo titulado “Cataluña, el Majestic y la lealtad”, en el que pretende justificar el pacto que realizó con CiU para garantizar el apoyo de esta formación política a su primera legislatura. Fue aquel tránsito tan espectacular del “Pujol, enano, habla castellano”, que gritaban en Génova los jóvenes populares la noche de las elecciones, al “Hablo catalán en la intimidad”, con el que nos sorprendió más tarde el presidente.

 

El artículo, más bien flojo, intenta justificar lo injustificable, quiere hacer ver que el acuerdo se firmó sin apenas concesiones al nacionalismo catalán, cuando, como se le ha recordado con frecuencia en la prensa, fueron muchas las que realmente hizo. La Generalitat logró un nuevo sistema de financiación autonómica, que significó desarticular la estructura impositiva al ceder a las Comunidades Autónomas el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40 % de los impuestos especiales. A Cataluña se le cedieron competencias en materia de tráfico, justicia, educación, agricultura, sanidad, vivienda, seguros, cultura, etc.

 

Se pactó la eliminación del sistema militar obligatorio con la finalidad de que los catalanes no tuviesen que incorporarse al ejército español, lo que, según los nacionalistas, constituía una gran humillación, especialmente para la burguesía catalana. A partir de entonces, el odioso servicio a las armas quedaba recluido a las clases bajas, catalanas o no, en muchos casos emigrantes que veían en el ejército el único modo de supervivencia. Desapareció la figura del gobernador civil que tanto molestaba a los nacionalistas. Se renunció a recurrir la Ley de política lingüista de 1998, y se presionó al Defensor del Pueblo para que tampoco interpusiese recurso; e incluso, a instancias del Pujol, se cambió la dirección del PP en esta Comunidad Autónoma, sustituyendo a Vidal-Quadras por Josep Piqué, quien mantenía una actitud más amigable con los nacionalistas. A la Generalitat se le concedieron varios canales adicionales de TDT con anterioridad a cualquier otra Comunidad Autónoma, y fueron muchas las inversiones acometidas en Cataluña: el Ave Madrid-Barcelona, la ampliación del puerto y del aeropuerto de la ciudad condal, el desdoblamiento de la carretera N-II a su paso por Gerona, etc.

 

En contra de lo que el nacionalismo en su estrategia victimista quiere hacernos creer y de lo que en estos momentos parece que a Aznar le conviene reivindicar, su etapa de gobierno fue una época dorada para el nacionalismo. No así para la totalidad de España, por mucho que el ex presidente del PP se empeñe en sostener lo contrario. Por desgracia, los efectos de una mala política suelen salir a la luz, sobre todo si es en materia económica, con muchos años de retraso. Los descomunales errores de las dos legislaturas de Aznar y de la primera de Zapatero han surgido con virulencia en la segunda de Zapatero y en la del Gobierno Rajoy. De aquellos polvos, incluyendo la incorporación al euro, vinieron estos lodos y los lodos que quedan por venir.

 

La única disculpa, si se la puede considerar tal, de Aznar en el tema catalán es que no fue el primero ni será el último. La totalidad de los gobiernos, especialmente cuando no han logrado la mayoría absoluta, han incurrido en culpas similares. Una ley electoral injusta y el egoísmo partidista de las formaciones políticas, más pendientes de sus conveniencias electorales o de sus posibilidades de gobierno que del interés general de España, han dado a los partidos nacionalistas mucho más poder del que les correspondía en función de los votos con los que contaban. Por eso es tan inconcebible que afirmen ahora que quieren decidir, porque lo han estado haciendo en mayor medida que otros grupos con muchos más poyos electorales.

 

Es más, ha habido legislaturas mucho más dañinas, como las de Zapatero, que con su complacencia con el PSC permitió e incluso promovió que se aprobase un Estatuto claramente anticonstitucional que, al ser declarado tal y como no podía ser de otro modo, aunque el Tribunal actuase con carácter netamente restrictivo eliminando tan solo los artículos que chocaban frontalmente contra la Constitución y hábilmente agitado por el nacionalismo, creó irritación en una parte de la ciudadanía.

 

Desde la Transición, el problema catalán se encuentra más en la política nacional que en la de la Comunidad Autónoma. Las concesiones, la falta de unidad de los partidos nacionales en el tema del nacionalismo, buscando ante todo sus beneficios electorales, la debilidad de los gobiernos, los dobles mensajes, uno en Cataluña y otro en el resto de las Autonomías, han dado más y más alas al nacionalismo hasta llegar a la situación actual. No obstante, si esta es extremadamente grave no es por la fuerza del soberanismo, sino por la debilidad del Estado y por la ambigüedad de los partidos llamados de izquierdas, comenzando por el PSOE, que mantienen equívocos, como esa aseveración de que el problema no es legal sino político, cuando la ley y la política son realidades intrínsecamente unidas. Ambigüedad difícil de comprender, porque si algo es opuesto a la ideología nacionalista es el socialismo; claro que de socialismo queda ya poco.