21-11-2014

El 9-N, la rebelión de los ricos

 

Es habitual que después de unas elecciones todas las formaciones políticas hagan enormes esfuerzos para autoproclamarse, por un motivo u otro, ganadores. No es de extrañar por tanto que los secesionistas, tras el simulacro de referéndum, apareciesen exultantes proclamando su victoria. Era algo que se daba por descontado, fuese cual fuese el resultado. Lo que no parecía tan previsible era que en el resto de fuerzas políticas y entre los comentaristas y tertulianos fuesen tantos los que se tragaran la milonga y diesen por buenos los planteamientos de los independentistas.

 

Los resultados de la jornada son categóricos. El simulacro se realizó sin el menor control (ni junta electoral, ni interventores… ellos se lo guisaron, ellos se lo comieron). Usaron partidariamente toda la fuerza del aparato estatal (conviene no olvidar que la Generalitat no es más pero nada menos que una parte del Estado). Emplearon todo tipo de recursos públicos. Movilizaron clientelarmente al sector privado, con el que, unos por convencimiento, otros por gratitud, y otros por miedo de ser señalados como antipatriotas, se prestaron a colaborar. Presionaron a los funcionarios. Utilizaron despóticamente los medios de comunicación públicos y pretendieron chantajear a los privados. Rebajaron la edad de votación a los 16 años y autorizaron el voto de los emigrantes, en la creencia de que estos colectivos, mortificados por la crisis, se mostrarían más favorables a castigar al Estado, al que se hace responsable de todos los males, y votarían por la independencia, ínsula paradisiaca de bienestar y justicia. Se permite votar a los residentes en el extranjero, pero no a los domiciliados en el resto de España. Mantienen las urnas abiertas indefinidamente, con la esperanza de que se produzca un goteo constante de votos, conseguido por un apostolado militante, parecido al del Opus Dei de otras épocas, de tanto voluntario que en la familia, en el trabajo, en los ámbitos de ocio y en cualquier sitio, con un fervor más que religioso recuerda “amablemente” que aún pueden votar e incita a hacerlo “por Cataluña”. Pues bien, después de todo ello, y según sus mismos datos que pueden estar manipulados y cocinados de múltiples formas, tan solo una tercera parte de los posibles votantes acudieron a las urnas y únicamente un millón ochocientos mil se inclinaron por la independencia. Todo un éxito.

 

Con estos resultados ¿pueden los señores Mas y Junquera pretender hablar en nombre de Cataluña en sus proclamas independentistas? ¿Acaso con ese porcentaje de votos se puede imponer la secesión de Cataluña trastocando el statu quo, primero a la gran mayoría de los catalanes y después al resto de los ciudadanos de España? Mas, en su campaña propagandista internacional que tan pocos éxitos cosecha, compara los resultados del otro día con la participación en las elecciones europeas y con el referéndum por el Estatuto. Churras con merinas. Nada tiene que ver una cosa con otra. En todo caso, lo único que demuestra es el escaso interés que suscita en la sociedad catalana, al igual que en la española, y en cierta forma en la europea, el Parlamento europeo, conscientes de su escasa eficacia y de que el Estatuto era más una pretensión y un capricho de las oligarquías catalanas que de la propia ciudadanía.

 

Los resultados han sido desfavorables para los soberanistas. El único triunfo de Artur Mas ha sido el de poder sacar pecho en una suerte de bufonada, en la que un presidente de Comunidad Autónoma se burlaba del Estado de derecho. Pero ello tan solo es indicativo de la vulnerabilidad del Estado que hemos creado con las Autonomías y de la mediocridad de la clase política española, más pendiente de sus equilibrios internos y de sus resultados electorales que de los problemas del Estado.

 

El Gobierno ha estado tardo en actuar y ha confiado en exceso en una Fiscalía que se ha mantenido increíblemente pasiva frente a lo que se ha conformado como un órdago de considerables dimensiones, solo comparable al del 23-F, al orden constituido. El argumento de la proporcionalidad quizá fuese aceptable en el propio día de la votación, como modo de evitar males mayores (aunque todo depende de lo que se entienda por mayores). Pero lo que resulta inexplicable son las dudas posteriores a la hora de querellarse y que el fiscal general dejase la decisión en manos de los fiscales de Cataluña, prescindiendo del principio jerárquico, y sobre todo ignorando las presiones de todo tipo a las que deben estar sometidos esos fiscales. No se precisa demasiada suspicacia para percatarse de que en este momento será Cataluña el lugar en el que todas las instituciones están más condicionadas y sujetas a toda clase de chantajes. Basta citar el cuasi linchamiento al que estuvo sometida Encarnació Roca, a la que la Universidad de Gerona estuvo a punto de despojar del título de doctora honoris causa por el único motivo de pertenecer al Tribunal Constitucional y no haber hecho reserva de voto en la admisión a trámite del recurso del Gobierno en contra de la ley de consultas.

 

Los titubeos jurídicos no parecen tener demasiado fundamento. Si algo está claro es que hubo fraude de ley, desobediencia clara al Tribunal Constitucional y que se emplearon múltiples e ingentes recursos públicos en una finalidad netamente partidista. Juristas del ámbito secesionista recurren a la utilidad pública (dos millones de votantes) para desechar el delito de malversación, pero malamente se puede emplear dicha calificación cuando se trataba de financiar un acto a todas luces ilegal. Si el asalto al Estado de derecho del 9-N, con la consiguiente utilización masiva de recursos públicos al servicio de un acto ilicito, queda impune, difícilmente se podrá acusar a alguien en este país de desobediencia, prevaricación o malversación de fondos públicos.

 

La postura de aquellos que como los dirigentes del PSOE piensan que es mejor dejar correr el tema para no crear complicaciones no resulta asumible en un Estado de derecho, dada la gravedad del desafío -desafío que se mantiene- y la chulería del presidente de la Generalitat. Enric Juliana, periodista aparentemente moderado pero al que se ve el plumero cada vez que habla de Cataluña, el pasado 11 de noviembre escribía en La Vanguardia: “La última vez que la Fiscalía General del Estado se querelló contra un presidente de la Generalitat –en 1984– este consiguió abrir un ciclo político con cuatro victorias electorales consecutivas”.

 

La comparación no deja de ser adecuada porque ahora se constata la razón que amparaba a Jiménez Villarejo al pretender procesar al honorable Pujol y de cuán disparatado y grotesco fue el acto patriótico convocado por él en la plaza de Sant Jaume escudándose en la señera y atribuyendo todo a una ofensiva orquestada contra Cataluña. Entonces sí que hubo injerencia del Gobierno (Felipe González) en la Fiscalía ordenando retirar la querella. La historia se repite, pero las segundas partes tienen siempre mucho de parodia, aun cuando la semejanza sea inevitable. Al contemplar al actual presidente, sacando pecho, desafiante y chulesco, retar al Estado resulta imposible no acordarse de aquella otra farsa que protagonizó su padre político hace tres décadas. ¿Cometeremos de nuevo el mismo error?

 

El único éxito de Mas se fundamenta también en la ambigüedad de los partidos teóricamente de izquierdas: PSOE, IU y el último en llegar, Podemos, que anteponen sus intereses electorales en Cataluña y su deseo de debilitar al PP a la defensa del Estado, olvidando que en los momentos actuales de globalización el único apoyo con que cuentan las clases bajas frente al poder económico es el Estado.

 

A menudo se suele confrontar la Constitución a la política, asegurando que el problema catalán no se puede resolver exclusivamente con la primera, y que es imprescindible aplicar la segunda. No se entiende bien la distinción. Nada pertenece más a la esfera política que la propia Constitución y el mantenimiento del Estado de derecho. Me temo que cuando hablan de política se refieran más bien al politiqueo, pero de eso ya hemos tenido bastante en los últimos treinta años. Han sido los muchos compadreos del PSOE y del PP con los partidos nacionalistas los que nos han llevado a esta situación. Concretamente, la postura infantil y electoralista de Zapatero en el Estatuto de Cataluña ha tenido efectos devastadores. La culpa no se encuentra en la sentencia del Tribunal Constitucional, sino en los que pretendieron modificar la Constitución por la puerta de atrás, en un proceso fraudulento y torticero. El nacionalismo es insaciable y poco o nada se consigue con concesiones.

 

El PSOE presenta la reforma de la Constitución como la solución a lo que llaman el “problema catalán”, que en realidad es el problema del nacionalismo. Constituye una falacia, pero también una estratagema para distanciarse del PP y para contentar al PSC. Muchas son las cosas que sin duda se pueden cambiar de la Constitución, aunque la mayoría de los males que afligen hoy a la sociedad española no tienen su origen en la Carta Magna sino en un desarrollo deficiente de ella, en la actuación de los dos partidos mayoritarios que han gobernado España durante más de tres décadas y en una Unión Europea y monetaria dominada totalmente por el credo neoliberal.

 

Por otra parte, no parece que este momento sea el más apropiado para conseguir el consenso necesario. ¿Estaría el PSOE dispuesto a que se implantase la República? Somos muchos los que pensamos que la parte más desacertada de la Constitución de 1978 es la que hace referencia al Estado autonómico, pero la corrección debería ir precisamente en sentido contrario al que plantean los nacionalistas. ¿Aceptaría el partido socialista la eliminación del concierto de Euskadi y de Navarra?

 

En cualquier caso, lo que está claro es que la reforma de la Constitución y el pretendido Estado federal no solucionarían el problema del nacionalismo. Los partidos que la proponen harían bien en preguntar a sus bases del resto de España si estarían de acuerdo con la concesión de la soberanía a Cataluña o con dotarla de una financiación privilegiada, y se encontrarían con la negativa más absoluta. Ahora bien, son únicamente estos dos elementos los que quizá contentasen a los nacionalistas, aunque es más probable que ni siquiera estos lograsen apaciguarles. Cualquier otra concesión sería tan solo un nuevo instrumento para que planteasen más tarde la lucha independentista con fuerza renovada.

 

A todos los que se sienten de izquierdas les recomiendo sobre este tema el articulo de Francesc de Carreras, profesor de Derecho constitucional, titulado “Solé Tura y el derecho a decidir”, aparecido en la cuarta página del diario El País el 14 de noviembre pasado; creo que no tiene desperdicio, así como el libro que cita de Solé Tura, catalán, también catedrático de Derecho constitucional, padre de la Constitución, que militó en su juventud en el FELIPE, en Bandera Roja y durante la Transición perteneció a la ejecutiva del PSUC y, aunque terminó su carrera política en el PSOE, no creo que se le pueda considerar facha ni afín al PP. Sin duda, ambos ayudan a desmitificar el tópico del derecho a decidir y el de considerar que la defensa del Estado es algo de derechas. Se quiera o no, el movimiento secesionista constituye en el plano regional (al igual que el neoliberalismo económico en el personal) la rebelión de los ricos.