21-03-2014

La contrarreforma fiscal de la barbarie

 

Es difícil imaginar la acumulación en un solo documento de tal sarta de desatinos y de posibles expolios como los que aparecen en el informe sobre la reforma fiscal presentado por los llamados expertos. Viene a confirmar la frase de Marx de que la lucha impositiva es la modalidad más antigua de la lucha de clases. Aun cuando uno no sea propenso a creer en las conspiraciones, cuesta sustraerse a la sospecha de que la ofensiva neoliberal obedece a una estrategia perfectamente diseñada en la que cada piedra colocada facilita la colocación de la siguiente, aunque diríamos más bien que la remoción de cada ladrillo abre el camino para que el próximo se elimine con toda facilidad.

 

Tras las numerosas e ingentes agresiones sociales sufridas por los ciudadanos en los últimos años, ahora se plantea una reforma fiscal que, al menos en opinión de los autores del documento citado, se pretende que sea en profundidad. "No hemos dejado títere con cabeza", ha afirmado con estilo petulante el presidente de la Comisión. En realidad, la afirmación no es cierta en su totalidad, porque muchos títeres han mantenido la cabeza sobre los hombros, todos aquellos elementos regresivos que a partir de principios de los noventa se habían ido introduciendo en el sistema tributario español. Pero lo que sí es verdad es que los planteamientos propuestos por la Comisión pretenden eliminar los escasos factores progresivos que aún persistían a pesar de los muchos envites sufridos.

 

El primer aspecto a resaltar es que los llamados expertos dan por buena la suficiencia del sistema cuando la escasa capacidad recaudatoria es uno de los principales problemas de la hacienda pública actual, causa de los brutales recortes sociales que están padeciendo los ciudadanos y que condena a la pobreza a un número bastante considerable de ellos, número que se incrementará de manera sustancial en el futuro si se lleva a cabo la reforma de las pensiones acordada recientemente. En ningún momento se habla de incrementar la presión fiscal, a pesar de que la de nuestro país se encuentra diez puntos por debajo de la media de la Unión Europea o de la de la Eurozona, y es inferior en la actualidad a la de países como Portugal, Grecia, Hungría, Chipre, Eslovenia, Malta o Estonia.

 

A lo largo de sus largas cuatrocientas páginas, una idea fuerza recorre todo el informe y aparece como su primordial finalidad: incrementar los impuestos indirectos y reducir lo más posible los directos, trasladar carga fiscal del capital y de los beneficios empresariales a los asalariados y a los consumidores.

 

Como primera providencia, se propone eliminar el impuesto de patrimonio, tributo odiado por los poderes económicos, por las fuerzas conservadoras, y en España también por algunos progres de salón que se autodenominan socialistas. Pero, cosa curiosa, al mismo tiempo se aconseja incrementar en general la tributación sobre la vivienda y en particular elevar el impuesto de bienes inmuebles (IBI), gravando aún más el patrimonio inmobiliario, única forma de propiedad que en España poseen la mayoría de los ciudadanos pertenecientes a la clases baja y media.

 

Al impuesto de sucesiones y donaciones se le despoja de toda progresividad. El informe se escuda detrás de una realidad cierta, el desorden territorial ocasionado por la decisión de haberlo cedido a las distintas Autonomías. Con este pretexto, los autores del informe hablan de recuperarlo cuando en realidad lo dejan limitado a su mínima expresión, un tipo muy reducido que solo varía en función del parentesco, pero permanece idéntico sea cual sea el valor de la herencia. Como se puede observar, enormemente progresivo…

 

Se acrecienta el vicio radical que desde principios de los noventa corrompe el IRPF, la dualidad en el tipo aplicable entre las rentas de trabajo y las de capital, haciendo que las primeras tributen en mucha mayor cuantía que las segundas y estas de forma proporcional y no progresiva. Se propone eliminar toda una serie de deducciones que afectan fundamentalmente a las rentas bajas, con lo que se incrementará el gravamen sobre los salarios y las pensiones, compensando con creces las posibles rebajas en la tarifa, de tal manera que el anuncio de Rajoy en el debate de la nación acerca de ese límite exento de 12.000 euros quedaría vacío de contenido, e incluso es posible que las clases bajas tengan que pagar más que antes.

 

Las que sin duda pagarían menos de llevarse a cabo la reforma que propone el informe serán las rentas altas, puesto que se pretende modificar de nuevo la tarifa, reduciendo los tramos y el tipo marginal máximo. También hay rentas de trabajo muy elevadas, incluso astronómicas. Basta considerar las retribuciones de los consejeros ejecutivos y no ejecutivos de las empresas del IBEX. Las cifras que de vez en cuando saltan a la prensa son gigantescas. En algunos casos, por encima de los diez millones de euros. La rebaja de dos puntos en el tipo marginal máximo representa que algunos se van ahorrar más de doscientos mil euros anuales o, visto de otra manera, que Hacienda va a perder esta cantidad y otras muchas parecidas. Resulta un ejercicio de cinismo afirmar, tal como se hace desde la comisión, que la tarifa se modifica de forma progresiva.

 

El presidente de la Comisión en tono mitinero (significándose más como militante de la derecha económica que como experto) ha manifestado a la prensa que "el Estado no puede participar en mis ingresos más de lo que yo participo", refiriéndose a que el 50% es debería ser el límite del tipo marginal. Es de suponer que Lagares sabe distinguir entre tipo medio y tipo marginal, y que por lo tanto la confusión tiene que deberse a un motivo distinto de la ignorancia, porque en lo único que el Estado (es decir, la sociedad) participa en mayor medida que el particular es en los ingresos que sobrepasan los trescientos mil euros anuales (50 millones de las antiguas pesetas), sueldos que tal vez no deberían existir, sobre todo cuando las que los pagan son empresas que se mantienen de tarifas o que prestan servicios o bienes a los ciudadanos en mercados cautivos y que en caso de dificultades hay que salvar con recursos públicos

 

Los expertos progubernamentales proponen también reducir al 20% el tipo del impuesto de sociedades, y ofrecen como contrapartida la eliminación de las deducciones y desgravaciones fiscales, que hoy convierten el gravamen en un queso gruyére. Pero corregir la injusticia actual, causante en gran medida de la escasa recaudación, no implica tener que introducir otra similar, la reducción de tipo. El tema es tanto más grave cuanto que el argumento empleado en las reformas de 1998 y de 2002, de las que el profesor Lagares se proclama autor y que destrozaron el impuesto sobre la renta, fue que las grandes fortunas no tributan por renta sino por sociedades. Por cierto que la propuesta de reforma no dice nada de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) y apenas toca las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE), dos de los principales instrumentos actuales de elusión fiscal.

 

Algo han aprendido los autores con respecto a las reformas de 1998 y de 2002 que la curva de Laffer no funciona y que si no quieren que se les venga abajo la recaudación a niveles inasumibles, deben subir o crear otros tributos que compensen el descenso de los impuestos directos. Así que plantean no solo el incremento del IVA o de los impuestos especiales (gasóleo, alcohol, etc.), sino que, escudándose en la protección del medio ambiente, inventan, demostrando gran imaginación, toda clase de gravámenes o tasas, desde pagar por los escombros generados en las obras de la casa hasta un gravamen por entrar en el centro de las ciudades, desde el 1% del valor catastral para los inmuebles hasta un impuesto sobre el vino, desde un tributo cada cincuenta kilómetros de autopista hasta incrementar el copago sanitario. De nuevo, como se puede ver, todo ello con un carácter muy progresivo.

 

En fin, lo mejor que se puede decir de este informe es que hay esperar que, dado su carácter ultramontano y ante la proximidad de las elecciones, el Gobierno haga caso omiso de él. Pero, entonces ¿por qué encargarlo? Quizá sea una buena táctica, amenazar con todos los desafueros posibles para que después las medidas adoptadas no parezcan tan malas. Siempre es conveniente tener a alguien más a la derecha.