18-07-2014

El mito de los fondos europeos

 

A propósito de un artículo que publiqué en estas páginas, "La Unión Europea genera xenofobia y racismo", me escribía un amigo alemán trasladándome a su vez la opinión de un colega argentino: "El artículo me parece cuando menos parcial, viniendo como viene de un español. Ahora sienten el “corsé”, pero durante mucho tiempo se beneficiaron con las enormes sumas de dinero que recibían de la Unión Europea, con las cuales construyeron enormes aeropuertos y autopistas innumerables… Me parece que no se puede aprovechar un sistema para denostarlo cuando te has gastado su dinero". Si traigo a colación estas observaciones es porque me parecen representativas de una opinión muy generalizada, que tanto en España como fuera de ella pretende compensar los desaguisados y desequilibrios que está generando la Unión Monetaria con la supuesta contrapartida de los bienes obtenidos por los fondos de cohesión y los estructurales.

 

En España se maneja un auténtico mantra sobre la ingente cantidad de recursos que se han recibido de Europa. Tal mito se mantiene gracias a una política inteligente de la UE que ha venido obligando a publicitar la marca “Europa” en toda obra o actividad financiada, aunque lo fuese muy parcialmente, por dichos fondos, y a una propaganda interior empeñada en cantar las excelencias de la Unión Europea y en proclamar lo mucho que nos estábamos aprovechando de nuestra pertenencia a ella.

 

Nadie, sin embargo, se ha preocupado de explicarnos que buena parte de esos recursos habían salido antes de España. Los fondos de la Unión Europea no caen del cielo, sino de la contribución de todos los Estados miembros, entre los que se encuentra España. El sistema presupuestario de la Unión es, además, el peor de los posibles porque, amén de su escasa cuantía, no son los ciudadanos los que en función de su capacidad económica contribuyen y reciben las ayudas, sino los Estados, explicitando de forma automática los países que son receptores y contribuyentes netos. De esta manera se da pie al victimismo -del que tanto sabemos en España- empleado profusamente por Alemania y algún otro país del Norte, cuyos ciudadanos se sienten paganos, cuando la instrumentación mediante impuestos propios de la Unión tendría un efecto redistributivo mucho mayor como resultado no de la generosidad de los países ricos, sino de la aplicación automática de un principio admitido de forma indiscutida, al menos en teoría, por los sistemas fiscales de todos los países, la progresividad en los impuestos, según la cual se grava a los ciudadanos en función de cuál sea su renta y de forma más que proporcional.

 

Los recursos recibidos de Europa hay que considerarlos por tanto en términos netos y, así tomados, los que ha recibido España no han llegado en media anual al 1% del PIB. La creencia extendida de que nuestro país ha sido el principal receptor es infundada, ya que en porcentaje del PIB, que es tal como hay que contemplarlo, las cantidades recibidas por Irlanda, Grecia y Portugal han sido muy superiores. Por otra parte, los recursos han podido tener un efecto secundario negativo. Se trataba de ayudas finalistas que debían ser invertidas en determinados objetivos, forzando a los Estados miembros a dedicar una parte de sus presupuestos a dichas finalidades, no solo por la contribución realizada a la UE, sino también por la parte de la inversión o actividad que debía financiar la hacienda pública estatal. En muchas ocasiones, la elección no ha sido la más acertada. Eso explica, por ejemplo, el formidable desarrollo que han experimentado las infraestructuras, algunas de ellas sin demasiada justificación, en detrimento de los gastos de protección social. Hay que añadir, además, que muchos de esos recursos vienen a compensar -y de forma no demasiado apropiada- las renuncias que en materia agrícola se han impuesto a determinadas producciones.

 

A pesar de la enorme propaganda y el desbordado voluntarismo con el que el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, quiso presentar los fondos de cohesión como el gran triunfo español en Maastricht, lo cierto es que son un parche insignificante para paliar los desequilibrios y desigualdades que la Unión Monetaria iba a crear entre regiones y países. A ello me refería ya entonces en un artículo, entre otros, publicado el 17 de diciembre de 1991 en el diario El Mundo. Tales observaciones se confirman totalmente cuando se observa que el presupuesto comunitario nunca ha sobrepasado el techo del 1,24% del PIB global de la Unión, cantidad absolutamente ridícula e inoperante si se compara con el presupuesto de cualquier Estado, por muy liberal que sea, lo que es tanto más cierto si se tiene en cuenta que en ese porcentaje están incluidos los gastos de la burocracia comunitaria y toda la política agrícola, ganadera y de pesca, que se lleva la parte del león de ese presupuesto.

 

La parquedad de las aportaciones se evidencia cuando especulamos acerca de en qué se habría convertido la unión alemana si se hubiese regido por las mismas pautas que se intentan imponer para la Unión Europea. Supongamos que entre la Alemania del Este y la Federal se hubiese creado un espacio de libre competencia, libre circulación de capitales, una moneda única emitida por una institución aséptica y neutral -dominada lógicamente por los principios del Bundesbank-, pero sin integración en materia presupuestaria y fiscal; imaginemos que la única canalización de recursos de la Alemania occidental a la oriental fuese el 1% anual del PIB de esta última (equivalente a los fondos comunitarios). Además, y en consonancia con los sacrosantos principios de la convergencia, se hubiese obligado a los alemanes orientales a someterse a una dura disciplina monetaria y a limitar su déficit y su capacidad de endeudamiento. ¿Podemos siquiera sospechar cuál hubiera sido el nivel de desempleo alcanzado por la Alemania del Este?, ¿qué grado de miseria y pobreza se habría generado?, ¿hasta qué límite habría llegado el desmantelamiento de su tejido productivo?

 

La única solución factible para la Unión Monetaria pasa por constituir una verdadera unión económica en todos sus aspectos. Se precisa una hacienda pública común capaz de asumir una adecuada función redistributiva entre las regiones, una autentica unión fiscal. Ahora bien, Alemania nunca aceptará una transferencia de recursos tan cuantiosa entre países ricos y pobres como la que se seguiría de tal integración. Quizá sea lógico, pero en tal caso Alemania no debería haber planteado nunca una unión a la que no está dispuesta y, sobre todo, los gobiernos de los demás países no deberían haber aceptado jamás un modelo que conduce a las economías de sus respectivos Estados al abismo, ni deberían continuar mareando la perdiz con medidas que, lejos de solucionar la situación, la empeoran de cara al futuro. Sin esa unión fiscal, la Unión Monetaria deviene imposible porque lo que ahora se está produciendo es una transferencia de fondos -quizá de cuantía similar- en sentido inverso, transferencia a través del mercado, opaca y encubierta, pero no por eso menos real. El mantenimiento del mismo tipo de cambio entre Alemania y el resto de los países empobrece a estos y enriquece a aquella; genera un enorme superávit en la balanza de pagos del país germánico mientras que en las de las otras naciones se provoca un déficit insostenible; se crea empleo en Alemania y se destruye en los demás países miembros.