17-07-2015

Rajoy, populismo de derechas

 

Creíamos que Zapatero había colmado todas las expectativas en materia de ocurrencias, pues no es así. Cuando se acercan las elecciones todo el mundo está dispuesto a caer en un populismo de la peor especie. Al actual Gobierno solo se le ha ocurrido adelantar a fecha 1 de julio la rebaja fiscal ya aprobada para 2016. Ante los malos resultados experimentados en los pasados comicios, quieren transmitir a la opinión pública la idea de que se va a compensar a los damnificados por la política de austeridad aplicada en los años anteriores. Vocean que van a deshacer en parte las medidas tomadas, pero, como era de esperar, han comenzado por aquella que tenía, sin duda, un carácter más equitativo.

 

Si por algo se caracteriza la llamada política de austeridad impuesta por Merkel y sus acólitos y seguida con fidelidad por Rajoy, amén de por su ineficacia, es por su injusticia al distribuir los costes de manera totalmente desigual, por supuesto entre países, pero también dentro de cada país, haciendo recaer los sacrificios sobre las capas sociales más desfavorecidas. Rajoy ha sido un buen epígono. De ahí los piropos que en Europa cosecha su política. En buena lid se puede decir que tan solo ha sido un continuador de la política que había comenzado Zapatero y que las urnas le obligaron a abandonar.

 

Hagamos un breve resumen: 1) Reforma del mercado laboral, facilitando el despido y propiciando la reducción de salarios. 2) Congelación de unas pensiones que se encontraban ya a niveles muy bajos, y una nueva ley que, de cara al futuro, da un golpe de muerte al sistema, al eliminar la garantía que existía de revalorización automática de las prestaciones de acuerdo con la subida del coste de la vida. Los jubilados comprobarán cómo año tras año sus pensiones perderán poder adquisitivo. 3) Reducción sustancial del salario de los empleados públicos. Bien es verdad que se podría decir que el autor en este caso no ha sido tanto el Gobierno de Rajoy como el de Zapatero. El verdadero hachazo fue el de mayo de 2010. Comparado con él, lo de la paga extraordinaria fue peccata minuta; afectó a un solo año y no se consolidó para los siguientes ejercicios. Pero no es menos cierto que al actual Gobierno hay que imputarle no solo el mantenimiento de la bajada de salarios del 2010, sino también su congelación en los siguientes ejercicios. Querer compensar a los funcionarios de esta pérdida del poder adquisitivo con el aguinaldo de un cuarto de paga que, además, como habían fallado ya varios tribunales, estaban obligados a devolver por haberse aplicado con carácter retroactivo, no deja de ser ilusorio. 4) Por último, la subida reiterada del IVA, que, por mucho que el ex ministro de las ocurrencias zapateriles diga otra cosa, no deja de ser un impuesto indirecto y, por lo tanto, carente de progresividad.

 

Frente a todas estas medidas, la única adoptada por el actual Gobierno que podría ser aceptable fue la subida del IRPF, ya que repartía el coste de manera mucho más equitativa. En primer lugar, dejaba al margen a aquellos que eran tan pobres cuyos ingresos no llegan siquiera al límite para tributar y, en segundo lugar, porque la contribución se hace en función de la renta.

 

Quizá por todo ello ha sido la medida más denostada por periodistas, comentaristas, tertulianos y en general por todos los que ayudan a configurar la opinión pública y que con toda seguridad pertenecen a ese 10% de mayor renta; y también por todo ello ha sido la primera medida que el Gobierno se ha apresurado a invertir y de la que incluso ahora anuncia que adelantará la parte ya aprobada pero cuya entrada en vigor estaba prevista para 2016.

 

Rajoy se engaña si piensa que por devolver un cuarto de paga a los funcionarios estos van a darse por resarcidos del deterioro en el poder de compra que han tenido sus ingresos a lo largo de todos estos años. Y se equivoca todavía más si cree que los trabajadores y pensionistas se van a sentir compensados de todos los sacrificios a los que se les ha sometido porque ahora durante seis meses se les obsequie con una subvención de 5, 10, 15 o 30 euros, según ganen 15.000, 20.000, 30.000 o 40.000 euros anuales; en términos porcentuales estas cantidades representan el 0,5%, 0,7%, 0,9% y el 1,4%. Ahora bien, los que sí se sentirán satisfechos son los que obtienen rentas muy superiores. Así, el ahorro mensual va a ser de 132, 466, 800 y 1.633 euros, respectivamente, para aquellos que tienen unos ingresos brutos anuales de 100.000, 300.000, 500.000 y 1.000.000. Aquí los porcentajes son bastante más altos: 2,5%, 3,3%, 3,5% y 3,6%. Como se puede apreciar, todo muy progresivo.

 

Tampoco parece que la medida sea muy inteligente desde el punto de vista electoral, puesto que más del 90% de los contribuyentes que tienen una base imponible por debajo de los 40.000 euros no se sentirán muy gratificados al ver que el gravamen se les rebaja menos de un 1%, cuando a los contribuyentes que tienen una renta 10, 15, 20 veces superior se les aplica una reducción del 3%. Una bonita propaganda electoral.

 

Ni siquiera se pueden aducir motivos económicos porque, en sentido contrario a lo que el Gobierno afirma, la rebaja del IRPF incrementa la desigualdad y por lo mismo tendrá un impacto negativo sobre la actividad económica (ver artículo del pasado 26 de junio publicado en este medio). Esos 1.500 millones dedicados, por ejemplo, a aumentar la cobertura del seguro de desempleo no solo constituirían una medida más equitativa, sino que colaborarían en mayor medida al crecimiento.

 

El anuncio de Rajoy debió de dejar desconcertados a todos los fiscalistas y en general a todos los que sepan un mínimo de Derecho tributario. Supongo que muchos se habrán preguntado dónde se encontraba el ministro de Hacienda (catedrático de Hacienda Pública) o el secretario de Estado, y el secretario general de Hacienda, el director general de Tributos o el director de la Agencia Tributaria (todos ellos inspectores), y cómo no avisaron al presidente del Gobierno del disparate que anunciaba y la complejidad que significaba tener dos tarifas dentro del mismo año, no solo para los contribuyentes y para la Agencia Tributaria, sino para todas las empresas, entidades financieras, notarios y demás agentes económicos que deberían modificar todos sus programas para proporcionar la información separada en dos semestres, amén de los profesionales y demás autónomos que se verían obligados a presentar su contabilidad dividida en dos ejercicios económicos. Eso sin contar con la trapacería que se facilitaría con esta medida a algunos contribuyentes que acumularían siempre que les resultase posible todos los gastos en el primer semestre y los ingresos en el segundo.

 

El anuncio era tan descabellado que el Ministerio de Hacienda tuvo que salir inmediatamente a enmendar la plana al presidente del Gobierno afirmando que en ningún caso habría dos tarifas, una para cada semestre, sino una media que se aplicaría para todo el año. La solución no deja de ser un parche, ya que una media es una media y deja atrás muchos matices y el resultado no es desde luego el mismo que el anunciado por Rajoy (piénsese por ejemplo en un fondo de pensiones rescatado en el mes de octubre). No es muy airoso que el Ministerio de Hacienda tenga que corregir una semana después al presidente del Gobierno. Es lo que sucede con las ocurrencias populistas.