13-11-2015

El programa fiscal del PSOE

 

Se acerca el 20 de diciembre y es de esperar que el agobiante tema catalán deje algo de espacio en la opinión pública para hablar de las elecciones. Hoy me propongo comentar el programa en materia fiscal que ya ha hecho público el PSOE dentro del documento titulado "Agenda para una recuperación justa". Es conocida la afirmación de Tierno Galván acerca de que las promesas electorales son para no cumplirlas; pero este escepticismo se incrementa tratándose del PSOE, ya que ha gobernado durante 19 años. Es difícil creer que va a implementar determinadas medidas cuando en sus etapas de gobierno se han aplicado las contrarias, tanto más si el encargado de elaborar el programa ha tenido ya responsabilidades en otras épocas.

 

Pedro Sánchez ha encomendado la elaboración del programa económico a Jordi Sevilla, el de “las dos tardes” con Zapatero, y el inventor -lo que es más grave- del tipo único en el impuesto sobre la renta, medida regresiva donde las haya. Resulta difícil creer que quien acuñó tal ocurrencia pueda elaborar un programa fiscal progresivo -aunque tan solo sea programa, esto es, una declaración de intenciones- Y, efectivamente, dejando aparte algunas medidas concretas que comentaré más adelante, el documento se mantiene en la ambigüedad y en los planteamientos generalistas: una nueva política fiscal, simplicidad, progresividad, equidad, tanto vertical como horizontal, etc. Pero ninguna concreción, por ejemplo, acerca de cuál va a ser la tarifa en el impuesto sobre la renta, aspecto de suma importancia cuando el redactor del documento defendió el tipo único en su día.

 

La suspicacia aumenta cuando leemos en el programa: "Nuestro actual sistema fiscal descansa demasiado sobre la tributación de la renta anual y del factor trabajo"; y se incrementa aun más al seguir leyendo, que se considera a las cotizaciones sociales como un gravamen sobre los trabajadores.

 

El IRPF es la columna sobre la que se asienta la progresividad de nuestro sistema fiscal. Tanto el impuesto de patrimonio como el de sucesiones son piezas importantes, pero, complementarias al IRPF y en ningún caso sustitutivas, y mucho menos que puedan establecer con él un extraño maridaje, tal como en ocasiones pasadas ha mantenido el PSOE. A su vez, el impuesto sobre sociedades es en cierto modo un gravamen a cuenta, ya que la verdadera tributación de los beneficios se realiza cuando estos se imputan a los socios o accionistas en el IRPF. Uno de los retos que tiene este impuesto es diseñar la forma de que las ganancias no se embalsen indefinidamente en la contabilidad de las sociedades (y no solo en las SICAV como pretende el programa del PSOE, sino en todas ellas).

 

Tras las distintas reformas que ha sufrido el IRPF (hay que señalar principalmente las dos de los Gobiernos de Aznar y la del Gobierno Zapatero), es irónico afirmar que nuestro sistema fiscal descansa demasiado sobre la tributación de la renta anual. Conviene recordar que en el origen, cuando fue aprobado por UCD, partido que difícilmente podría tildarse de trotskista, la tarifa del impuesto contaba con 36 tramas y un tipo marginal máximo del 65%. En la actualidad, son cinco los tramos y 45% el marginal máximo. Contrasta esta evolución con la experimentada por los tipos del IVA. En 1986, al ingresar nuestro país en la Unión Europea, el impuesto se creó con un tipo general del 12% y uno reducido del 6%. En la actualidad, estos tipos se han trasformado en el 21 y el 10% respectivamente. Resultado parecido se podría deducir de la evolución seguida por la ratio impuestos directos/impuestos indirectos. Cabria concluir por tanto que nuestro sistema fiscal descansa demasiado no sobre la renta, sino sobre la tributación indirecta.

 

Es un hecho que el actual IRPF castiga a las rentas de trabajo, pero ello se debe en buena medida a que el Gobierno de Aznar segregó las rentas de capital de la tarifa general y a que, después de ocho años de gobierno, el PSOE no lo modificó y tampoco parece que tenga intención de cambiarlo en el futuro, ya que esta medida no se encuentra recogida entre las propuestas concretas del programa. Por otra parte, no podemos olvidar la disparidad que en los momentos presentes se da entre las propias rentas de trabajo, lo que obliga a que, aun dentro de estas, la progresividad del impuesto juegue de manera notable. ¿Qué mejor forma de limitar la retribución de los altos ejecutivos?

 

Resulta preocupante la identificación que el programa pretende hacer de cotizaciones sociales con los tributos que gravan a los trabajadores. Son las empresas las que pagan en su mayor parte las cotizaciones sociales, por lo que toda rebaja de esta figura tributaria compensada, por ejemplo, con el IVA, representa el traslado de la carga impositiva de los empresarios a todos los ciudadanos, la mayoría de ellos trabajadores.

 

Algunas propuestas puntuales que se señalan en el programa como las referentes a las SICAV y a las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), son sin duda positivos aunque difíciles de creer cuando fue el propio PSOE el que retiró la competencia, en el caso de las SICAV, a la inspección de Hacienda para atribuírsela a la CNMV con la finalidad de que las grandes fortunas pudiesen seguir utilizando estas entidades de inversión a su conveniencia y con fraude de ley.

 

El programa fiscal del PSOE, además de ser generalista y ambiguo, se descubre inconsistente. Se comienza por querer cifrar el déficit público en el 1%, objetivo que sería muy deseable si estuviese claro cómo financiarlo y cómo financiar al mismo tiempo la insuficiencia que en estos momentos presenta nuestro Estado de bienestar. El mismo documento reconoce los niveles bajos de presión fiscal que tiene España, pero deja en la mayor de las oscuridades cómo elevarla, a no ser persiguiendo el fraude fiscal, lo que es fácil de decir pero difícil de hacer, sobre todo cuando no se señala el camino más allá de reclutar 5.000 nuevos funcionarios y de dotar de más independencia a la Agencia (se supone que ya era independiente) o prohibir por ley, las amnistías. Las amnistías no hay que prohibirlas, se trata de no otorgarlas. Eso es todo. Ni una palabra, por ejemplo, del delito fiscal, pieza esencial si de verdad se quiere combatir el fraude.

 

El tema se complica con la aseveración de que “aspiran a desplazar la carga fiscal desde la renta a la riqueza y al uso de recursos naturales finitos”. Porque, ¿cómo piensan gravar la riqueza? He defendido en múltiples artículos la relevancia del impuesto de patrimonio y del de sucesiones, así como la necesidad de potenciarlos, pero sería incurrir en un error pensar que pueden solucionar por sí mismos los problemas de suficiencia del sistema tributario, tanto más cuanto que uno de los primeros errores cometidos al establecer el Estado de las Autonomías fue precisamente cederles ambos impuestos. De ahí que el programa se reduzca a manifestar que establecerán un mínimo común en todo el territorio nacional, pero incluso no sé si paso tan corto sería compatible con las aspiraciones federalistas del PSOE.

 

El programa anuncia a bombo y platillo, y como si se tratara del bálsamo de Fierabrás, una reforma integral de la imposición de la riqueza. Eso sí, no da pistas, o bien las pistas que da no son muy esperanzadoras, ya que parece indicar otra rebaja del impuesto sobre la renta, extraña manera de incrementar la presión fiscal. Hay que temerse lo peor, que se trate de alguna ocurrencia de estilo “zapateril”, como la del tipo único o la de eliminar el impuesto de patrimonio. Una ocurrencia tendente a ocultar la reducción de la progresividad del impuesto sobre la renta bajo el manto de la creación de una nueva figura tributaria híbrida. En cualquier caso, conviene recordar que la renta per cápita en España se sitúa en los 23.000 euros al año; ello disuelve la pretensión de tantos políticos y comentaristas de considerarse clase media cuando realmente se encuentran en el primer decil de renta, esto es, dentro del 10% de ciudadanos con mayores ingresos.

 

Los partidos políticos, al menos durante los procesos electorales, son reacios a defender la ineludible necesidad de elevar generalizadamente los impuestos si se quiere mantener el Estado de bienestar. Suelen escudarse en el fraude fiscal y en la tributación de los ricos y de las grandes fortunas. No hay duda de que el fraude debe combatirse. Y no solo el fraude, sino también la elusión fiscal. De igual modo, las rentas altas bien sean del trabajo, bien del capital, deben tributar en mucha mayor medida que la actual. Sería necesario añadir en la parte alta de la tarifa del impuesto sobre la renta nuevos tramos con tipos marginales mucho más elevados. Pero todo ello no porque así se vayan a solventar las dificultades de suficiencia del sistema fiscal, sino por equidad y porque es condición necesaria para poder gravar adecuadamente al resto de contribuyentes y conseguir de este modo que la presión fiscal se sitúe a los niveles imprescindibles.

 

No aparece nada claro en el documento cómo se va a instrumentar ese desplazamiento de la carga fiscal desde la renta a la riqueza, lo que sí es más creíble es el desplazamiento hacia eso que de modo técnico llaman "uso de recursos naturales finitos". Me temo que con un ropaje ecológico sea burda y llanamente hacia los impuestos indirectos.