12-09-2014

Montoro y el fraude fiscal

 

Ante la proximidad de elecciones y con la finalidad de recuperar votos, el Gobierno está empeñado en presentar un mapa idílico, no solo en el aspecto macroeconómico, en el que Rajoy adopta permanentemente un tono triunfalista, sino por lo visto también en materia fiscal. Con ese fin, el ministro de Hacienda –además de pretender pasar por progresiva una reforma fiscal injusta y conservadora– intenta convencernos de que la lucha contra los defraudadores es un éxito.

 

La pasada semana, en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del caso Pujol, hizo un panegírico de la Agencia Tributaria y de los éxitos cosechados en la persecución de los defraudadores. En el colmo de la exageración, llegó a declarar, ofreciendo una retahíla de cifras al respecto, que nunca en toda la historia de la Administración tributaria se había recaudado tanto en la lucha contra el fraude fiscal, datos por otra parte difíciles de constatar y además ya se sabe que el papel lo aguanta todo. Lo cierto es que no parece que esta sea la opinión de los trabajadores de la Administración tributaria. Ahí está el sindicato de los técnicos de Hacienda (GESTHA) que ha proporcionado cifras muy diferentes.

 

Pero en cualquier caso, la eficacia de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Hacienda no consiste en lo que recauden directamente por actas de inspección sino en el efecto disuasorio ejerzan sobre el contribuyente, es decir en su actuación preventiva frente al fraude. El posible defraudador debe entender que el riesgo que corre no compensa el beneficio inmediato que puede obtener con la ocultación. Y a decir verdad esto es lo que falla en el sistema actual, sobre todo en lo referente a las grandes rentas y patrimonios.

 

Cuando nos movemos en el campo de las grandes fortunas, que cuentan con expertos asesores fiscales, muchos de ellos provenientes del campo de la Administración, y con el consejo financiero –cuando no con la complicidad– de los bancos, la probabilidad de que sea descubierta la evasión es muy baja. Y en el caso de que ocurriese alguna vez, la sanción y el coste que tendrían que soportar serían casi siempre inferiores a las ganancias obtenidas de los fraudes no detectados. La esperanza matemática siempre juega a favor del defraudador.

 

Tal vez el único elemento disuasorio efectivo sean las penas de prisión. Pero el delito fiscal no ha gozado nunca de demasiado éxito en España. Ha padecido siempre una concreción defectuosa en nuestro código penal, como si se tratase de un delito menor; pero sobre todo ha faltado la voluntad política de aplicarlo. Así, en casi todos los casos en que ha saltado a la opinión pública la escandalosa evasión fiscal de un personaje famoso, sea artista, banquero o jugador de futbol, todo parece terminar con el ingreso en Hacienda de una determinada cantidad de dinero, sin que en ninguna ocasión connote penas privativas de libertad.

 

No existe una intención clara de los gobernantes de acabar con el fraude fiscal, por lo menos con el de alto standing. Eso explica que el Ministerio de Trabajo haya instituido un mecanismo de denuncia anónima para el posible fraude en el seguro de desempleo (que es un fraude menor) y que el Ministerio de Hacienda no haya hecho lo propio con el fiscal (de una relevancia infinitamente mayor). Es más, cuando hace bastantes años, allá por 1985, se quiso establecer desde la Administración tributaria un sistema parecido, toda la prensa, creadores de opinión y entidades sociales (esas que llaman de la sociedad civil pero que suelen ser de la mercantil) se rasgaron las vestiduras, y clamaron con todas sus fuerzas que se quería implantar la delación. Hubo alguno incluso que llego a tildar la iniciativa de inquisición tributaria. Como se puede apreciar, el comportamiento ahora respecto al desempleo ha sido por completo distinto.

 

No es únicamente el Gobierno el que carece de la voluntad de combatir el fraude, sino la mayoría de la sociedad en su conjunto. La ideología dominante ha creado un estado de opinión que minimiza la gravedad de este delito comparado con otros. Se juzga mucho más severamente (y no solo desde la óptica penal sino también desde la social) al que ha robado 5.000 euros que al que defrauda a Hacienda varios millones. El eslogan de “Hacienda somos todos”, hoy no se lo cree nadie.

 

Es sintomática la reacción de la sociedad ante los fraudes conocidos y confesos de sobresalientes personajes públicos. Ni el banquero pierde su consideración social, ni el artista a sus seguidores, ni el jugador de fútbol a sus forofos. Es más, en muchos casos, una gran parte de los ciudadanos no tiene inconveniente en tomar partido contra la Administración tributaria. Algún artista hubo que en lugar de avergonzarse de su delito se jactaba de ello y ridiculizaba y escarnecía al Ministerio de Hacienda con el regocijo de la mayoría de los espectadores. Y artista hubo también que nunca había declarado a Hacienda y que organizó una cuestación pública para financiar el “desafuero” de la Administración tributaria de querer cobrarle los impuestos.

 

No obstante, me temo que el problema no solo es español, aunque quizás en nuestro país sea más acusado. Hemos vistos que en países como Francia, cuando el Gobierno ha querido incrementar la tributación de las grandes fortunas, determinados ídolos populares han amenazado, y en algunos casos lo han realizado, con trasladar el domicilio fiscal a terrenos más benignos, sin que perdiesen por ello el menor apoyo popular. ¿Y acaso la Unión Europea no está permitiendo dentro de sus fronteras los paraísos fiscales?

 

Resulta indignante, aunque muy ilustrativo, el auto del juez andorrano cuando autoriza que se proporcionen a la Audiencia Nacional española los datos bancarios de Jordi Puyol Ferrusola, pero advierte de que Andorra solo facilita información en causas en las que se investiguen delitos de blanqueo de capitales vinculados a otros de corrupción como cohecho o tráfico de influencias, pero no si se persigue únicamente el fraude fiscal. Parece que el fraude fiscal no es delito. Y eso que Andorra acaba de conseguir que la OCDE la excluya de la lista de paraísos fiscales. En su comparecencia, Montoro se jactó del número de condenas por delito fiscal. Sería muy interesante saber cuántas de ellas han sido exclusivamente por este tipo de delito sin que estuviese asociado a ningún otro.