11-09-2015

El fraude y la administración tributaria

 

Hace algunos días se hacía público el informe de la OCDE denominado " Tax Administration", dedicado a examinar los recursos que cada año destinan los distintos países a la administración tributaria. Los datos de 2013, señala que España se encuentra a la cola de Europa en esta materia; el porcentaje del PIB que emplea en este cometido (0,110%) es el más bajo de los países de la Unión Europea: Italia el 0,188%; Francia el 0,191%; Reino Unido el 0,213%; Portugal 0,226%; Alemania 0,275%; Bélgica el 0,304%, etc.

 

En consonancia con los datos anteriores, España se sitúa también a la cola de la Unión Europea en lo referente al número de personas que prestan sus servicios en la Administración tributaria, 26.962 para 46,7 millones de habitantes, lo que representa 5,7 funcionarios por cada 10.000 habitantes, mientras que este cociente para Francia es de 17,5; para Alemania de 14 y para Italia de 6,8. Se da la circunstancia de que Bélgica mantiene un número similar de empleados al de España, solo que para una población de 11 millones de habitantes.

 

Estos datos pueden explicar en buena medida por qué nuestro país se encuentra a la cabeza de Europa en materia de fraude, a pesar de que la Administración tributaria cuente con un sistema de gestión basado en la informática y en los millones de datos que acumula, que pasa por ser uno de los más eficaces dentro de los países europeos. Gracias al número de identificación fiscal (que incluso la Administración tributaria adoptó antes de que lo hiciera el Ministerio del Interior en el carnet de identidad), los censos de contribuyentes son totalmente seguros y la información se puede acumular con total fiabilidad.

 

La escasez de medios afecta fundamentalmente al control y a la inspección, lo que origina una probabilidad muy reducida de que un fraude concreto sea detectado. Teniendo en cuenta además que las sanciones son de cuantía muy reducida, el defraudador juega a una lotería en la que siempre lleva las de ganar. Si el fraude en nuestro país es bastante más alto que en otros países no es porque los españoles tengamos una propensión especial a delinquir, sino porque las posibilidades de defraudar impunemente son mucho mayores.

 

La tacañería de los distintos gobiernos a la hora de dotar las correspondientes partidas de gasto o de proveer el número de funcionarios dedicados a esta finalidad tiene poca explicación porque parece bastante evidente que si la Agencia Tributaria está bien dirigida, todo euro que se invierta en ella producirá un incremento de mucha mayor cuantía en la recaudación. Algo parecido se puede afirmar respecto a la función del control del gasto (IGAE) y de los funcionarios destinados a esta tarea.

 

Los recursos orientados a la administración tributaria o a la Intervención General del Estado son claramente rentables de forma directa aun desde el punto vista más economicista. En otras partidas de gasto la relación entre la inversión y la rentabilidad es menos evidente, lo que no quiere decir que no exista. La mayoría de las áreas administrativas y capítulos de gasto tienen un claro influjo sobre la marcha de la economía nacional y de esta depende en buena medida la recaudación tributaria. No podemos olvidar que el Estado es el primer socio de la renta nacional.

 

Dada la hegemonía del neoliberalismo económico en la sociedad actual, se supone con frecuencia que solo son rentables los recursos destinados al sector privado y que únicamente es este sector el que crea de verdad empleo. El aumento del número de empleados públicos se considera una especie de despilfarro o derroche sin ninguna utilidad práctica desde el punto de vista económico. No hay por qué negar que en muchas ocasiones se haya podido dilapidar el dinero público, pero ¿acaso no lo hace el sector privado? Está reciente y aún estamos sufriendo las consecuencias de los miles de millones de euros que las constructoras, las promotoras y los bancos han enterrado en el ladrillo sin utilidad alguna.