11-07-2014

Una confiscación del 25 % del patrimonio

 

Me pregunto qué hubiera ocurrido si en el proyecto de la reforma fiscal aprobada recientemente por el Gobierno apareciese un artículo que determinase que en 2015 todos los patrimonios superiores a 50 millones de euros deberían sufrir una leva del 25% de su importe. Me imagino la reacción de la prensa y de todos los biempensantes. El clamor sería ensordecedor. Por todos lados se escucharía que la medida es confiscatoria. Se lanzaría la idea de que estamos en un Estado estalinista o, mejor, bolivariano (versión más moderna de lo de masones y comunistas de antaño). Pues bien, el actual proyecto de ley pretende gravar a aquellos ciudadanos cuyo patrimonio se reduce a una segunda vivienda adquirida hace muchos años con el 25% de su valor cuando la vendan, y a nadie parece importarle.

 

Desde el Gobierno se anuncia a bomba y platillo la reducción de la tarifa -que apenas va a representar nada para rentas bajas y medias (no así para las rentas altas)-, pero se silencia torticeramente otra serie de medidas que de forma sigilosa aparecen en el proyecto de ley y que a muchos ciudadanos les van a ocasionar una mayor carga fiscal. Entre ellas se encuentra la eliminación de los coeficientes de actualización y los llamados “de abatimiento”, medida que en algunos casos va a significar para ciertos contribuyentes la pérdida de la cuarta parte de su patrimonio.

 

Expliquemos el tema. Desde la implantación del IRPF por la Ley 44/1978 una cuestión ha estado siempre presente en el desarrollo legislativo: cómo descontar la inflación de los incrementos patrimoniales (las llamadas plusvalías) de manera que no se grave una ganancia que es puramente ficticia. El tema es especialmente relevante cuando el incremento patrimonial se produce en la transmisión de un activo que ha permanecido largo tiempo en el patrimonio del sujeto pasivo (suele ocurrir con los inmuebles), ya que el efecto de la inflación se acentúa, de tal forma que la parte de ganancia debida a la pérdida de valor de la moneda puede llegar a ser muy elevada. Por ello, en las sucesivas reformas de la Ley el legislador ha introducido en todos los casos mecanismos correctores (aunque no siempre los mismos) para separar las plusvalías reales de las ficticias.

 

El sistema hoy vigente establece para los inmuebles adquiridos con posterioridad a 1994 unos coeficientes de actualización con la finalidad de restar de la plusvalía patrimonial el efecto de la inflación sufrida en estos años. Además, si la vivienda se compró antes del 31 de diciembre de 1994, se aplican los llamados coeficientes de abatimiento, creados para corregir las revalorizaciones ocasionadas en las fincas más antiguas por la pérdida de valor del dinero. Por tanto, hasta ahora se viene tributando por la ganancia real de valor y no por el incremento de los precios generado por la inflación. Si el activo fue adquirido, por ejemplo, en 1994, la ganancia patrimonial sujeta a gravamen es del 88,89%; si lo fue en 1988 es del 22,23%, y estará exenta casi en su totalidad si se adquirió con anterioridad a 1988.

 

El Gobierno ha decido eliminar, en su reforma fiscal, estos coeficientes (tanto los de actualización como los de abatimiento), de modo que, si se aprueba esta iniciativa, las plusvalías por la venta de un inmueble tendrán que tributar en el IRPF por cantidades muy superiores a las actuales. Especial importancia reviste este tema para los inmuebles adquiridos en los años setenta y principios de los ochenta, puesto que, dado el tiempo transcurrido y las elevadas tasas de inflación de aquellos años, dichas ventas pasarán de estar casi exentas (no solo en la normativa actual sino en las anteriores) a tributar al tipo de rentas de capital (25%) por la casi totalidad del valor inmueble.

 

¿Quiénes va a ser los damnificados? Desde luego no las empresas, ni los contribuyentes de rentas altas que tienen todos sus inmuebles depositados en sociedades, ya que a todos ellas se les ha dado la opción en múltiples ocasiones de revalorizar todos sus activos sin coste alguno. Va afectar en mayor o menor medida a las clases medias con una segunda vivienda, y en especial a personas mayores jubiladas o a punto de jubilarse y que han considerado la propiedad inmobiliaria como la mejor forma de ahorrar para completar la pensión frente a los fondos de pensiones, y ahora, después de sufrir la merma de valor de la crisis inmobiliaria, se les dice que van a perder el 25% de todos sus ahorros restantes.Hay que preguntarse cuál es el motivo por el que el Gobierno adopta una medida tan punitiva para un colectivo débil económicamente por encontrarse al final de su vida laboral. Tras la reforma del sistema público de pensiones que deja a los jubilados (presentes y futuros) en la mayor indefensión, sometidos cada año a un leva en su pensión de una cuantía equivalente al valor que alcance la inflación, se ataca ahora uno de los elementos en los que han podido materializar el ahorro y que se va a ver sustancialmente mermado en el momento en el que se quiera disponer de él.

 

A esta medida hay que unir la amenaza existente de la revisión del catastro y las sustanciales subidas del IBI anunciadas por el informe de los llamados expertos. Parece como si la propiedad inmobiliaria (la única de la que disponen las clases bajas y medias) se hubiese tomado como diana de los esfuerzos recaudadores del Gobierno. Por otra parte, el hecho es tanto o más incomprensible dada la crítica situación por la que pasa el sector inmobiliario y la necesidad que existe de potenciar el mercado de alquiler. De aprobarse la medida el pequeño ahorrador dirigirá sus escasos recursos a otros destinos.

 

Pero quizá se encuentre aquí la razón del rigor fiscal que se pretende aplicar a la propiedad inmobiliaria, el incentivar y estimular otras aplicaciones del ahorro que se encuentran intermediadas por las entidades financieras (planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos etc.), en las que el pequeño ahorrador puede ser fácilmente engañado, como nuestra reciente historia confirma.

 

Parece ser que desde el Ministerio se ha aducido como razón de la medida que afectaría a un número reducido de contribuyentes. No está nada claro que así sea. Ahora bien, en cualquier caso, esta motivación puede ser válida desde el punto de vista electoral, pero no desde la equidad que debe presidir todo sistema financiero. Curiosamente es ese mismo razonamiento el que se alega para no gravar más a los contribuyentes con altas rentas. Por otra parte, se muestra una vez más la inseguridad jurídica que desde hace años está afectando a la realidad tributaria. De la noche a la mañana un contribuyente se puede encontrar con que le despojan del 25% de su patrimonio. Las expectativas de derecho deben ser también respetadas.