05-06-2015

Sin impuestos no hay estado social

 

Los programas electorales de los distintos partidos políticos en los pasados comicios presentan una tónica común, su falta de ambición y timidez en materia fiscal. Prevalece en todos ellos la rebaja de los impuestos. Solo los más aguerridos proponen subidas, pero refiriéndolas siempre a las rentas altas. Lo que no deja de resultar chocante en un país cuya presión fiscal es una de las más bajas de Europa, por debajo de Grecia, Polonia, Portugal, Malta, Chipre, la República Checa, Eslovenia, Hungría, etc. Como no puede ser de otro modo, la contrapartida tiene que encontrarse en su nivel de prestaciones y servicios públicos, muy por debajo de los de otros países.

 

Desde la época de Reagan y Thatcher, a medida que iba ganando terreno el neoliberalismo económico, la fiscalidad y los impuestos se convertían en temas malditos en casi todas las latitudes, aunque el rechazo en España ha adquirido dimensiones aun mayores, hasta el punto de que son pocos los políticos que se atreven a defender abiertamente que hay que subir los impuestos. Incluso se ha llegado a afirmar que bajar los impuestos es de izquierdas. Ha ido tomando fuerza un discurso perverso: solo los empresarios privados crean empleo y riqueza, y, tal como algunos se preguntan con total descaro, ¿dónde va a estar mejor el dinero que en manos de los propios ciudadanos?

 

Secesionemos la realidad. En grandes cifras, podemos considerar que la recaudación impositiva se orienta de forma casi exhaustiva a tres grandes apartados: inversión pública, prestaciones sociales y servicios públicos.

 

En las prestaciones sociales y demás subvenciones los recursos no permanecen en el sector público, ya que de forma casi automática retornan a los ciudadanos, si bien es verdad que distribuidos de manera distinta a como lo estaban en el inicio. Carece de sentido afirmar que son menos productivos. En lo único que cabe el disenso es en la forma de distribuirlos, y en si resulta necesaria e incluso conveniente la redistribución. Tal vez se encuentre aquí el motivo de la crítica, porque la redistribución tiene la mayoría de las veces carácter progresivo y suele perjudicar a las clases más altas respecto de las más humildes.

 

Desde la óptica de la economía en su conjunto el efecto es positivo. Hace ya muchos años que Keynes señaló cómo lo que perjudica el crecimiento no es la igualdad, sino más bien el incremento de la desigualdad. Hoy lo afirma hasta la OCDE.

 

Será difícil afirmar que la inversión pública carece de eficacia económica. La productividad de un país depende en buena medida de sus infraestructuras y del gasto que el Estado realice en I+D. Es posible que a veces la Administración no haya acertado en los proyectos y en las inversiones, que se hayan cometido algunos desatinos, pero sin duda en mucho menor número y cuantía que los cometidos a menudo por la iniciativa privada. Basta recordar la burbuja inmobiliaria, el dinero enterrado por constructoras, promotoras y bancos, en urbanizaciones vacías y en terrenos en los que nunca se va a construir.

 

Los servicios públicos no tienen por qué ser menos productivos que los suministrados por el sector privado. En el subconsciente de muchos ciudadanos continúa asentada la idea de que el único sector que realmente produce riqueza es la industria, cuando no la agricultura. Y es esta idea subliminal a la que recurrimos para afirmar que el gasto público es improductivo. Ahora bien, esta visión es propia de otras épocas y de otras sociedades, porque lo cierto es que el sector servicios ocupa hoy el 65% del Producto Nacional. La decisión de si los servicios públicos se financian mediante impuestos (sector público) o mediante precios (sector privado) no es un problema económico, sino principalmente social y político.

 

Es más, fenómenos tales como la incorporación de la mujer al mercado laboral, el incremento de la esperanza de vida, etc., van a exigir que dediquemos una porción mayor del PIB a bienes tales como guarderías, cuidado de ancianos, gastos en dependencia en general, sanidad, incluso al ahorro de cara a las jubilaciones; si bien es verdad que todos estos bienes pueden proveerse tanto de forma pública como privada. Pero, si se financiasen mediante precios, ¿podría asegurarse que se cubrirían las necesidades sociales de la mayoría de la población? El ahorro para la edad de jubilación podría realizarse de forma individual o colectiva, pero ¿cuántos ciudadanos tienen capacidad suficiente de ahorro para asegurarse con medios propios una jubilación digna?

 

En cualquier caso, no se puede afirmar que todos estos bienes sean menos útiles social y económicamente hablando que otros con los que nos bombardea a diario la sociedad de consumo, y mucho menos si asumimos determinados principios de equidad, ni que su provisión privada sea preferible a la pública. Así como tampoco se puede mantener que únicamente el sector privado crea empleo. Todos estos servicios generan un mayor número de puestos de trabajo que la inversión en otras actividades privadas.

 

Los impuestos son totalmente necesarios e incluso convenientes para la gran mayoría de la población. Pero, por eso mismo, debemos huir del tópico de que solo los deben pagar los ricos. Por supuesto que a estos hay que elevarles sustancialmente la presión fiscal, y bloquear todos los mecanismos que actualmente tienen de elusión fiscal. Impuestos como el IRPF, patrimonio, sucesiones, deben ser fuertemente progresivos, incluso como mecanismos para corregir sueldos escandalosos, por lo desproporcionados, o beneficios y acumulaciones de patrimonio que incrementan la desigualdad. Todo ello es necesario por distintas razones, comenzando porque es la única forma de exigir al resto de la sociedad -con convencimiento y equidad- que contribuya.

 

Un sistema fiscal y un Estado social no se mantienen exclusivamente gravando a los ricos. Es necesaria la contribución de todos los ciudadanos; eso sí, cada uno según su capacidad económica, tal como reza nuestra Constitución. Por otra parte, conviene ponerse de acuerdo sobre qué se entiende por rico. Según los últimos datos del INE, en 2013 los ingresos medios de una familia española alcanzan 26.154 euros anuales. Es curioso que la gran mayoría de los que a menudo se quejan de la enorme carga fiscal que soporta la clase media pertenecen al 10% cuando no al 5% de mayor renta.

 

Desde 1990 se han ido produciendo en el sistema fiscal español reducciones constantes de los impuestos progresivos, rebajas que han constituido auténticas trampas para la mayoría de los ciudadanos: a cambio de modestas disminuciones de la carga fiscal para las rentas bajas se ha minorado sustancialmente el gravamen de los tramos más elevados, y todo ello se ha traducido en recortes y deterioros de las prestaciones y los servicios sociales, a lo que además hay que añadir que los beneficios fiscales nunca llegan a las clases más desfavorecidas, que no pagan impuestos directos. Por otro lado, me pregunto si la bajada de impuestos a los trabajadores en un mercado tan desregulado como el actual no se transmite a los empresarios, mediante una bajada de los salarios.