04-09-2015

Junts per l’ ocultació del 3%

 

Jamás he estado de acuerdo con el aforismo "los enemigos de mis enemigos son mis amigos", ni con ningún otro de corte parecido como "los amigos de mis enemigos son mis enemigos". Sin embargo, el nacionalismo catalán, como fiel seguidor de Carl Schmitt, se fundamenta en el binomio amigo-enemigo, secesionista o no secesionista, por eso no tienen inconveniente en meter en el mismo saco a todos los que no voten la lista de Junts pel sí (aun cuando la pluralidad sea total) y calificarlos en conjunto de militantes del PP y seguidores de Aznar

.

Lo cierto es que Aznar gobernó durante sus primeros cuatro años de mandato con el apoyo de CiU, y es que Convergencia es el partido que en más aspectos se identifica con el PP. En los temas realmente importantes, los económicos y los sociales, aquellos en los que muchos españoles se juegan el pan de su familia y otros privilegios y prerrogativas-, se han movido al unísono. Si hiciéramos un repaso de las actas del Congreso de los diputados, quedaríamos sorprendidos al constatar cuántas veces CiU y PP han votado en la misma dirección, y comprobaríamos también cómo los gobiernos de turno de ese Estado español, en este momento tan denostado, han contado con la colaboración de Convergencia para aprobar las medidas más regresivas.

 

Pero es más, un examen detallado descubriría cómo CiU ha sido el mayor aliado, y portavoz en el Congreso, de los grupos económicos de presión. Las aspiraciones de estos han llegado muchas veces al Parlamento bajo la forma de enmiendas que CiU tramitaba. Por citar tan solo dos casos de épocas muy diferentes. La Ley de Auditoría de 1988, la primera que se elaboraba en España, establecía la obligación de que las sociedades tuviesen que cambiar de firma auditora, tras nueve años de contrato, medida muy saludable si se quiere evitar que el clientelismo ponga en cuestión la independencia y la objetividad que deben presidir la actividad auditora. Los nueve años pasaron, la fecha fatídica se acercaba y las firmas más importantes veían con preocupación que se pudieran quedar sin clientes, al tiempo que las grandes corporaciones iban a verse sometidas a la incomodidad de tener que cambiar de auditora. Recurrieron entonces a CiU, que se prestaron gustosos a proponer una enmienda en una de las leyes que se estaban tramitando en el Congreso, creo recordar que fue en la de sociedades anónimas, para que tal plazo de nueve años fuese eliminado. Nunca más se supo de esa condición, y hoy las empresas pueden contratar a la misma firma auditora ilimitadamente.

 

El otro caso es más reciente, se refiere a las SICAV y su utilización con fraude de ley por las grandes fortunas. En 2004, la Agencia Tributaria, tras una serie de inspecciones, había comenzado a levantar actas a un conjunto de sociedades, compuestas en su totalidad por los grandes patrimonios del país, que se consideraba que no cumplían los requisitos requeridos para constituir una SICAV y que, en consecuencia, deberían tributar por el régimen común (el tipo del impuesto de sociedades al que tenían que someterse era del 35% en lugar del 1%). Todos los principales capitales se pusieron alerta y reclamaron el apoyo de CiU, que presentó una enmienda a la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas tributarias para el impulso a la productividad (vaya paradoja), por la que se le retira la competencia a la Agencia Tributaria y se le atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde entonces, las grandes fortunas de este país, gracias a CiU (y ciertamente a otros muchos), continúan utilizando con fraude de ley un régimen fiscal privilegiado que no está diseñado para ellas.

 

No obstante todo lo anterior, partidos como Esquerra Republicana o personas como Romeva, que se consideran de izquierdas, no tienen ningún empacho en ir en la misma lista que Convergencia; y es que los enemigos de mis enemigos (y en este caso el enemigo es el Estado español) son mis amigos. Para el nacionalismo, Cataluña se configura, adquiere fuerza y entidad por la oposición a España. “España nos roba”. El binomio Cataluña-España es el eje sobre el que gira todo el discurso nacionalista, amigo-enemigo. El enemigo es el Estado español, pero también alguien más, porque todo aquel que no es amigo se convierte en enemigo. Quien no se declara independentista es de los otros, un traidor a Cataluña, del PP, un facha.

 

El criterio político amigo-enemigo delimita y se superpone al criterio ético de bueno-malo. Es bueno lo que beneficia al independentismo y no hay nada malo si se puede cubrir con la senyera. La corrupción en Cataluña no existe. Se tapa por todos los medios al alcance y cuando ya resulta imposible ocultarla se mira al dedo en lugar de a la luna, y se dice que es un ataque a Cataluña. El pasado 28 de agosto, el juez del Vendrell, el predeterminado para el caso, en el curso de un proceso que se sigue por la probable existencia de comisiones del 3% en contratos públicos, ordenó registrar la sede de Convergencia y la de la Fundació Catalanista i Democràta (CatDem), vinculada a esta formación política, así como las de cuatro ayuntamientos sospechosos y que en su momento estaban regidos por Convergencia. La reacción de este partido ha sido la esperada, atribuir el registro a una maniobra política para incidir sobre los resultados del 27-S y perjudicar a la candidatura independentista.

 

La historia es antigua. Después de la confesión de Jordi Pujol y todo lo que va descubriéndose de su familia, adquiere nuevos tintes el caso de Banca Catalana, y cómo el presidente de la Generalitat convirtió lo que era una exigencia de responsabilidad personal en un ataque a Cataluña. El fiscal no estaba tan descaminado. Las imágenes de aquella época, de un Pujol gritando indignado y haciendo ver a la muchedumbre la persecución a la que se sometía a Cataluña, vistas ahora son patéticas. No obstante, como acabamos de presenciar, se continúa repitiendo con distintos actores la misma obra de teatro: atacan a la lista soberanista, atacan a Cataluña; es de los nuestros, es amigo, tapemos sus vergüenzas.

 

En Cataluña se han tapado las vergüenzas unos a otros, al menos con un cierto silencio cómplice; y si no, cómo interpretar que hace diez años Pascual Maragall denunciase ya el 3%, y que enseguida reculase ante la amenaza de Mas de no apoyar el nuevo Estatuto que se estaba discutiendo. Por cierto, el hecho da la medida de lo que le importaba a Mas el Estatuto de Cataluña, que tanto defiende ahora. No sé si en Cataluña habrá más o menos corrupción que en otras partes de España, pero lo que sí es cierto es que se ha ocultado sistemáticamente tapándola con la bandera.

 

Ante el binomio amigo-enemigo, desaparece la dualidad verdad-mentira. Es verdad lo que ayuda al secesionismo, y de ahí todo un discurso que no se sostiene y que nos haría reír si las consecuencias no fuesen tan trágicas, pero que sirve para embaucar al personal. Esa idea del Estado español persiguiendo y esclavizando a los catalanes, cuando en ninguna otra etapa Cataluña habrá gozado de más liberad y de una mayor cota de autogobierno. Cataluña oprimida y esquilmada, cuando es una de las Comunidades con mayor renta per cápita de España. El Estado español como el enemigo de Cataluña, cuando han sido catalanes los que han participado en una proporción bastante mayor que los naturales de otras Comunidades en el diseño y gobierno del propio Estado.

 

Cómo no tomar a risa el discurso victimista de Mas, al descubrir que es el presidente de Comunidad Autónoma que más cobra. Un 40% más que el de Madrid, un 50% más que el del País Vasco, que son los que le siguen en el ranking, y casi tres veces lo que percibe el último de la cola, el de Cantabria. El propio presidente del Gobierno central cobra bastante menos, casi la mitad. Los catalanes estarán oprimidos por el Estado español, pero el presidente de la Generalitat parece que no. Y es de suponer que ese mayor nivel retributivo se haya irradiado poco a poco al resto de la pirámide y serán los consejeros, los directores generales y los subdirectores, etc., en general todos los niveles de la Administración, los que con toda probabilidad estén a un nivel retributivo más elevado que sus colegas del resto del territorio español. Vamos, lo propio de una Comunidad oprimida y esquilmada.