04-07-2014

Las SICAV, los tartufos y Europa

 

No se sabe ni cómo ni por qué, pero ha trascendido a la opinión pública la noticia de que el Parlamento europeo ha venido dotando hasta 2009 un fondo de pensiones para los eurodiputados, fondo que, según parece, está gestionado por una SICAV en Luxemburgo. La información ha servido para que muchos se rasgasen las vestiduras e hiciesen los comentarios más dispares. En todo este magma hay que decir que existe un gran cúmulo de desinformación y mucho fariseísmo. Hagamos algunas puntualizaciones.

 

Comencemos por las SICAV. Hay que definirlas como instrumentos de inversión colectiva que revisten la forma de sociedad anónima, y que tienen como objeto exclusivo la adquisición, tenencia, disfrute, amortización y enajenación de valores mobiliarios y de otros activos financieros, de manera que los socios diversifiquen el riesgo sin que participe de forma mayoritaria, ni política ni económicamente, en sociedad alguna. Entre los requisitos que deben cumplir en España se encuentran los de tener un patrimonio superior a 2,4 millones de euros y contar con 100 accionistas como mínimo.

 

En teoría, todas las instituciones colectivas de inversión financiera obedecen a la misma finalidad: popularizar el mercado de valores haciéndolo asequible a un número mayor de personas, aquellas que por falta de conocimiento tendrían dificultades en invertir directamente en bolsa o las que, al ser reducida su inversión, se encontrarían con más obstáculos para la diversificación.

 

Tanto los fondos de inversión como las SICAV coinciden en el hecho de que todos los socios pierden el control de su inversión, hasta que venden o reciben un dividendo. De ahí que se haya dotado a todas estas instituciones con un tipo de tributación especial, el 1 %, en lugar del tipo normal del impuesto de sociedades. La mayoría de la carga fiscal se pospondrá al momento en el que el partícipe retire sus ganancias de capital o dividendos, y será entonces cuando se graven dentro del IRPF con el tipo especial que se aplica a las rentas de capital. La razón debe buscarse en el intento de igualar en cierta forma el gravamen que se padece al invertir a través de un fondo de inversión o una SICAV con el que se soportaría al hacerlo directamente en la bolsa de valores.

 

Hasta aquí no hay nada reprobable en estas figuras jurídicas. Se puede estar a favor o en contra de su existencia, pero por un tema práctico, de utilidad, pero no porque sean en sí mismas instituciones perversas. La perversión comienza cuando las grandes fortunas del país las usan con fraude de ley para una finalidad distinta de aquella para la que fueron concebidas, la de administrar su patrimonio mobiliario, soportando un gravamen muy inferior al que les correspondería si empleasen una sociedad anónima común. El fraude de ley consiste en sortear el requisito de los cien socios mediante la utilización de testaferros (hombres de paja), que vulgarmente reciben el nombre de mariachis (derivado de la canción ranchera "Con dinero o sin dinero…"), de manera que la mayoría de la inversión y el control absoluto de la entidad lo posee una sola persona o, como mucho, una familia.

 

La respuesta lógica se encuentra en la actuación de la Administración a efectos de perseguir el fraude de ley. En este sentido, la Agencia Tributaria inició en 2004 distintas inspecciones que dieron como resultado el levantamiento de actas a una serie de SICAV que se consideraban fraudulentas por no constituir una institución de inversión colectiva, sino la tapadera de importantes patrimonios que utilizaban este instrumento para reducir el gravamen fiscal, o al menos retardarlo en el tiempo. Las actas de la inspección elevaban el gravamen desde el 1 % pagado inicialmente hasta el 35%, tipo entonces vigente del impuesto de sociedades, considerando que estas entidades no cumplían los requisitos para ser consideradas SICAV, ya que en ningún caso el inversor había perdido el control del destino de sus fondos, situación esencial para calificar a una institución de inversión colectiva.

 

Tales actuaciones levantaron de inmediato todo tipo de reacciones y presiones encaminadas a arrebatar a la inspección fiscal la competencia para decidir si una determinada entidad cumplía o no los requisitos para ser SICAV y entregársela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que -como ocurre casi siempre con estos órganos tan independientes, terminan siendo dependientes de los dueños del dinero- se la suponía más proclive a cierta comprensión de los chanchullos fiscales.

 

Siendo ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes y presidente de la CNMV Manuel Conthe se planteó modificar la ley con esta finalidad, para lo que se echó mano de CiU, formación política siempre dispuesta a defender los intereses del mundo económico y que, a través de la enmienda número 81 a la ley llamada de “Reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad”, establecía una disposición adicional tercera (nueva), que fue aprobada por las Cortes y por la que se retiraba la competencia a la inspección de Hacienda, cosa insólita, y se le atribuía a un organismo que ni forma parte de sus preocupaciones ni tiene medios para perseguir el fraude fiscal. Además, se dotaba a la medida de carácter retroactivo para que las actas de inspección en trámite quedasen sin efectividad. Ni que decir tiene que la CNMV no ha hecho una sola vez la menor intención de declarar fraudulenta a ninguna SICAV, despojándola, en consecuencia, de su privilegiado régimen fiscal.

 

Las SICAV continúan siendo, por tanto, el vehículo mediante el cual la mayoría de los grandes patrimonios en España administran sus inversiones, librándose casi en su totalidad de la presión de Hacienda. Pero ello no dice nada en contra de esta figura de inversión colectiva en sí, sino que tan solo hace patente que el Gobierno de Zapatero, ahora el de Rajoy y todos los diputados que votaron aquella enmienda (PP, PSOE, CiU, etc.) tenían y tienen la voluntad clara de permitir que este instrumento se utilice fraudulentamente a través de testaferros. Es por eso por lo que resulta tan hipócrita el hecho de que ahora Eduardo Madina, candidato a la Secretaría general del PSOE, se escandalice de las SICAV y pida a los eurodiputados de su partido que renuncien al fondo de pensiones, puesto que él votó en su momento como miembro del Congreso la polémica enmienda.

 

Un poco hipócrita me parece también la postura de los que ahora se extrañan de que los eurodiputados tuviesen un fondo de pensiones financiado por el Parlamento europeo. ¿Es que acaso no eran de general conocimiento los muchos privilegios de que gozan no solo ellos sino los funcionarios y altos cargos de todos los Organismos internacionales? Acaban de publicarse las condiciones económicas de lujo de las que va a gozar Magdalena Álvarez tras su dimisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y nos quedaríamos asombrados si conociésemos las remuneraciones percibidas, bien en su desempeño activo bien en la jubilación, por los comisarios y altos cargos de las instituciones europeas: Comisión, Banco Central Europeo, etc., lo que es también extensible a otros organismos como el Fondo Monetario Internacional.

 

Esos hombres de negro que recorren Europa predicando la austeridad, condenando a amplias capas de la población a la miseria y recomendando el recorte de las pensiones y del sueldo de los funcionarios son los mismos que gozan de remuneraciones fabulosas durante su vida activa y de suculentos retiros a su jubilación. En eso se parecen a los altos ejecutivos del sector privado, que desde sus contratos blindados claman por el abaratamiento del despido.