18-09-2015

Para la mayoría y no para las elites

 

En un periodo de pocos meses, la Comisión Europea, el FMI y la OCDE han puesto de manifiesto en distintos informes la enorme desigualdad que se viene produciendo en la riqueza y en la renta en los países europeos y cómo se ha incrementado de forma notable durante la crisis. En estos días ha sido la ONG Oxfam Intermón la que en un estudio titulado "Europa para la mayoría y no para las elites", utilizando datos de Eurostat, concluye que la pobreza en Europa ha llegado a límites alarmantes.

 

En la Unión Europea viven 123 millones de personas con riesgo de exclusión social, número que ha aumentado en ocho millones desde que comenzó la crisis, al tiempo que 342 personas disfrutan de un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares. Tales datos están en consonancia con la información que facilita el Credit Suisse acerca de que el 1% de la población posee un tercio de toda la riqueza.

 

El informe sostiene también que en 2013 el número de europeos en situación de privación material severa se elevaba a 50 millones, habiéndose incrementado en 7,5 millones desde 2009, y entendiendo por privación material severa cuando se cumplen al menos cuatro de los cinco indicadores siguientes: no poder ir de vacaciones ni una semana; no permitirse comer carne o pescado al menos cada dos días; imposibilidad de mantener la vivienda a una temperatura agradable; retrasos en el alquiler o la hipoteca; no tener coche, lavadora o televisión.

 

Quizás el aspecto más novedoso del informe es que distingue entre el reparto primario de la renta -lo que se llama distribución antes de impuestos, es decir, antes de la actuación redistributiva del Estado- y reparto final, una vez que se computan los impuestos directos y las prestaciones sociales y subvenciones. Durante estos años la desigualdad se ha incrementado en ambas fases. Por una parte, el desempleo, las reformas laborales y la reducción de los salarios ha empeorado el reparto de rentas que realiza el mercado, castigando las remuneraciones de los trabajadores a favor del excedente empresarial; pero, por otra, también en la segunda fase se ha incrementado la desigualdad en la redistribución, al haberse hecho más regresivos los sistemas fiscales y al haberse aplicado en casi todos los países una política llamada “de austeridad” que conllevaba severos recortes sociales.

 

El informe señala cómo el problema de la pobreza y de la desigualdad en Europa no es de escasez sino de reparto, y está causado en buena medida por unas decisiones políticas injustas y nocivas, a las que no son ajenas las elites y las fuerzas económicas y la enorme influencia que estas mantienen sobre los órganos políticos. Esta injerencia no solo tiene efectos sobre la desigualdad, sino también sobre la calidad democrática de las sociedades, pudiéndose hablar incluso de secuestro de la democracia.

 

En este sentido el informe facilita un dato muy significativo. En 2014, el 82% de los participantes en los grupos de expertos en materia fiscal de la Comisión Europea representaban intereses privados o comerciales. Esto explica por qué en los últimos treinta años los sistemas fiscales de todos los países han evolucionado hacia estructuras más regresivas, primando los impuestos indirectos sobre los directos y reduciendo drásticamente la progresividad de estos últimos, amén de permitir canales de evasión y paraísos fiscales que multiplican el fraude. Cualquier proyecto de armonización en Europa de los impuestos directos ha fracasado al encontrar enfrente a los grandes poderes económicos, muy satisfechos de que los distintos países pugnen entre sí para ver quién reduce más la carga fiscal del capital y de las empresas.

 

Nuestro país no puede estar ajeno a este escenario. Ya sabíamos por los distintos informes de los organismos internacionales que se encontraba a la cabeza de Europa en materia de desigualdad y que esta se había incrementado sustancialmente en los últimos años como resultado de la política de austeridad aplicada. Pero este informe que comentamos añade un nuevo dato que hay que considerar relevante. El puesto que ocupa España entre los otros países en el ranking de la desigualdad empeora sustancialmente si pasamos de considerar el reparto antes de impuestos al reparto final, en otras palabras, que la virtualidad de nuestro Estado social para corregir la desigual distribución que realiza el mercado es muy inferior a la de los otros países.

 

Es una conclusión a la que podríamos llegar también por otros medios si tomamos conciencia de que nuestra presión fiscal está a la cola de los países europeos y de que llevamos más de veinte años sometiendo a nuestro sistema tributario a una serie de reformas centradas en elevar los gravámenes indirectos y en reducir la progresividad del impuesto sobre la renta, o dejar vacíos de contenido tributos tales como el de sociedades, sucesiones o patrimonio.

 

Todo apunta a que la desigualdad y la pobreza van a continuar incrementándose en los países europeos y, desde luego, en España. En nuestro país, además, la última reforma de las pensiones amenaza, por poco que aumente la inflación, con arrojar a todos los jubilados a la pobreza y a la indigencia, al haber eliminado la actualización por el IPC de las prestaciones.